El gobierno de Llaryora le pide a Milei “un freno al shock” de aumentos para evitar un segundo impacto
El ministro Gill y el sector cooperativo demandan gradualismo para evitar una segunda ola de fuertes aumentos, en medio de un contexto recesivo. Para
Las cooperativas del interior acusaron primero el impacto por su ciclo de facturación ante la quita de subsidios a la energía del poder libertario, que fue retroactivo al 1 de febrero. Hubo aumentos en el costo de la energía de un 400% que pegó de lleno en los comercios locales. Para mayo, se espera otro ‘chicotazo’ por más quita de subsidios y un nuevo aumento en la tarifa.
Hay una marcada preocupación en el sector cooperativo que presta el servicio de energía eléctrica en medio de ánimos caldeados de los usuarios del interior, mientras funcionarios provinciales advierten de una nueva oleada en mayo.
El clima se tornó enrarecido en el interior con la llegada de las facturas de energía los primeros días de marzo. Ya hubo asambleas de representantes cooperativistas y protestas de vecinos. La demanda del Gobierno provincial al poder central busca atemperar la queja para lo que viene.
En ese sentido, el gobierno de Martín Llaryora, a través del Ministerio de Cooperativas y Mutuales, le reclama a Nación que aplique gradualismo para evitar un segundo impacto en los aumentos previstos para mayo. Hay una lógica de sinceramiento de las tarifas que se impone. No obstante, desde Córdoba se pide un mecanismo “más progresivo” ante el contexto recesivo que vive el país. mayo se espera otro ‘chicotazo’. “Si es similar al de febrero, la situación se tornaría altamente gravosa”, sostuvo el funcionario. Desde Fecescor piden
“El Gobierno nacional llevó adelante estos ajustes –en poco tiempo, en el momento pico de consumo y con altos índices de aumentos– resultando un shock de ajuste (117% de aumento en costo de la energía, 3.253% en potencia y un 1.547% en transporte) que fue trasladado al costo del servicio público”, coincidieron en señalar representantes del sector (Face y Fecescor) y el ministro del área Martín Gill, junto a legisladores de la Comisión de Cooperativas.
La medida derivó en un fuerte impacto que significó un 410% de incremento en el costo de la energía para los comercios e industrias. “Hay una situación muy crítica”, afirmó el ministro y acentuó: “El elemento extraordinario lo ha significado la decisión de aumento de la tarifa, del transporte, de la potencia y de quita de subsidios por parte del Gobierno nacional”.
En medio del proceso de sinceramiento de los cuadros tarifarios que puso en marcha el poder libertario, desde Córdoba activaron las luces de alerta ante las proyecciones que realiza Cammesa para los próximos meses.
La Casa Rosada estaría programando un nuevo incremento de esos valores en los mismos rubros, previsto desde mayo: la energía subiría un 361%, la potencia un 4.53% respecto de enero y el transporte un 4.619% también “parar la motosierra” ante el peligro del corte en la cadena de pagos. Las medidas en danza para paliar de algún modo el ajuste que llega desde Nación.
respecto de enero.
Ante este panorama devastador, se erige con fuerza el planteo del sector cooperativo,
junto a las autoridades provinciales y legisladores, al presidente Javier Milei que, hasta tanto la economía despegue, pase del modo “shock” a un modo “progresivo” en el sinceramiento de las tarifas, atemperando los próximos aumentos.
De aplicarse un nuevo aumento en mayo similar al de febrero, Gill aseguró que se tornaría “una situación altamente gravosa”. Es por ello que pidió al gobierno de Milei que el sinceramiento del cuadro tarifario “se haga de manera progresiva” teniendo en cuenta las variables de la recuperación de los salarios y de la reactivación económica. “Si no, se da esta paz de los cementerios de la que habla el gobernador”, apuntó.
En su mensaje a la Nación, demandó “proteger” a los sectores que son generadores de trabajo frente a una caída de la actividad económica y de un incremento de los costos. Asimismo, requirió “trasparentar” las variables que conforman el costo de la energía en un diálogo con todas las provincias.
El presidente de Fecescor, Luis Castillo, atribuyó las abultadas facturas que le están llegando a los usuarios “a la quita de subsidios del Estado nacional y a la dolarización de tarifas”. Pese a señalar que la intención del sector, junto a la Provincia, “es buscar todos los paliativos que sirvan como elemento para atemperar ésto en el bolsillo de la gente”, el directivo aseguró que las cooperativas “no podemos subsidiar una quita de subsidios”.
“No se puede implementar un sistema de quita de subsidios con motosierra porque las consecuencias van a ser muy dolorosas para una gran franja de la gente”, dijo Castillo, quien advirtió que “estamos camino a una situación más grave que va a significar el corte de la cadena de pagos” y que generará problemas para sostener el servicio.
La paz de los cementerios.
En la mesa de trabajo que encabezó Gill con el sector cooperativo se acordaron una serie de acciones a encarar en conjunto. Así
Líneas de trabajo.
lo explicó el legislador Matías Chamorro, titular de la Comisión de Cooperativas de la Unicameral.
“En una mesa técnica se va a valorar la urgente necesidad de ir hacia la equiparación de las tarifas entre el subsistema cooperativo y el subsistema de Epec, a través de un estudio técnico que va a llevar adelante el Ersep, y la valoración de un plan de mayor eficiencia en la prestación del servicio para ver dónde se pueden hacer aportes para mejorar el servicio y tocar la tarifa”, detalló.
A su vez, el legislador destacó el diálogo con todos los sectores del arco político para consensuar una postura de
Córdoba. Se busca que “el Gobierno nacional revea las medidas de quita de subsidios de manera de shock y retroactiva y plantee un esquema escalonado, para poder acomodar el impacto tanto en el bolsillo de los usuarios como en los comercios e industrias”, dijo.
La marcada preocupación por el impacto de la quita de subsidios a la energía que se inició en el interior, y ahora se trasladó a la capital cordobesa, es compartida por todo el arco político, aunque hay diferencias en el costo político que se le busca hacer pagar al poder libertario. Hay opositores que también apuntan su reclamo al gobierno llaryorista.