Por ahora, Córdoba no va a la justicia por la Caja y espera fondos para obra pública
La Provincia se preparaba para reclamar ante la Justicia por el nuevo DNU presidencial que permite al poder central no enviar los fondos a las cajas de jubilaciones no transferidas. Sin
Aunque el Gobierno nacional dialoga con los gobernadores para conseguir en el Congreso los votos que sancionen la ley ómnibus y trata de lograr respaldo al Pacto de Mayo –aunque no da pistas–, el presidente Javier Milei metió un bombazo y firmó un nuevo DNU que lo autoriza a no enviar más dinero a las cajas jubilatorias de los distritos que no transfirieron esos organismos a la Nación. En total son 13, entre los que se encuentran Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe.
También integran ese lote Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En Córdoba existe alta preocupación por el tema, aunque el ministro del Interior, Guillermo Francos, intentó llevar tranquilidad y dijo que ese dinero está y que llegará a cada una de las 13 provincias a través de otras partidas.
Francos salió a responderle al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien dio a entender nuevamente que esa provincia haría un reclamo judicial.
Martín Llaryora se mantuvo en silencio, pero algunos dirigentes cercanos al gobernador indicaron que los reclamos por la Caja y la ley ómnibus más el Pacto de Mayo, “son negociaciones paralelas”. Un calificado vocero de la administración llaryorista dijo a este medio que los mensajes que envió un hombre de Milei al gobernador, permiten inferir que las remesas a la Caja de Jubilaciones no están caídas, más allá de lo que diga el DNU. Por otro lado, el informante contó que habría una autorización a iniciar o continuar con una serie de obras públicas. “Veremos”, dijo escuetamente la fuente que no habló sobre el inicio embargo, ayer llegaron mensajes alentadores desde la Casa Rosada: el dinero de la Caja será enviado por otra vía y se reactivarán obras públicas financiadas por la Nación, entre las de otra etapa con la Nación, pero tampoco dio por cerradas las negociaciones con la Casa Rosada.
De todos modos, si Córdoba apoya la ley se reactivarán las obras para terminar la autovía que unirá la capital provincial con San Francisco y también la autovía Carlos Paz-Cruz del Eje, que tiene un avance del 90 por ciento. También está en carpeta concluir la rehabilitación de la Ruta 9, en el tramo Bell Ville-Pilar y el saneamiento de cloacas en Santa Rosa de Calamuchita.
Esto hace que nuestra provincia levante el pie del acelerador en cuanto a los reclamos y siga negociando. Se ignoran cuáles serán las vías alternativas para paliar el hueco financiero que provoca la falta de envío de fondos a la Caja.
También hay que tener en cuenta que Córdoba necesita autorización nacional para conseguir fondos y honrar las cuotas de la deuda internacional tomada por la administración del exgobernador Juan Schiaretti, quien hablará en Estados que se destacan la autovía a San Francisco. En el frente interno, Llaryora respalda al ministro de Cooperativas, Martín Gill tras su imputación.
En Santa Fe, voceros del gobernador Maximiliano Pullaro consideraron que “a la larga, puede haber problemas y ahora el respaldo a la ley y al Pacto de Mayo pueden entrar en un cono de sombras”.
Córdoba tenía decidido accionar judicialmente contra la Nación por la sanción de este decreto que elimina el envío de partidas para respaldar a las cajas no transferidas. En eso estuvo trabajando el gobernador Llaryora con un equipo de especialistas en la materia, entre los que se cuenta la diputada nacional Alejandra Torres. A su vez, se sumaron referentes del estudio jurídico que encabeza el constitucionalista Alberto García Lema, con base en la avenida Pellegrini, en el centro de la Caba.
De todos modos, los cruces de mensajes de ayer a la mañana provocaron algunas modificaciones en el esquema y llevaron al gobierno cordobés a mirar con algún optimismo la situación que se generó con el último DNU de Milei. Al menos, desde Córdoba con
Mientras tanto en el frente interno, Llaryora sufrió un sacudón ya que la fiscal de Villa María, Juliana Companys, decidió elevar a juicio una causa por lesiones leves en el marco de violencia de género contra Martín Gill, ministro de Cooperativas del gobierno provincial. Llaryora no le pedirá la cabeza a Gill, porque entiende que se trata de un delito de instancia privada supuestamente cometido fuera del ámbito laboral, según voceros del Centro Cívico.
Estas palabras deben ponerse en contexto porque hace un par de semanas fue echado de la Municipalidad de Córdoba Gabriel Bermúdez, quien estaba a cargo del área de Transportes, imputado por supuesto delito de abuso sexual. De inmediato, el intendente Daniel Passerini confirmó la salida del funcionario de esa área estratégica del municipio.
De todas formas, Bermúdez todavía no fue citado a declarar tras la imputación de la fiscal de la Justicia provincial, Ingrid Vago.
En el entorno del gobernador fueron muy duros con Bermúdez y deslizaron que tuvo problemas similares durante su paso por el Ministerio de Transportes de la Nación, aunque no trascendieron mayores detalles de esa imputación.
Lo que queda claro es que Gill tiene mayor respaldo. En ese sentido, el trascendido es que no sólo no le pedirá la renuncia, sino que tampoco impulsará la fusión del Ministerio de Cooperativas con otra cartera. Sin embargo, ésto le provoca a Gill un duro traspié en la interna del PJ de Villa María, donde libra una pulseada permanente con el actual intendente, Eduardo Accastello. Como se puede apreciar, la Semana Santa no trajo paz a la política cordobesa. Y a la gestión tampoco.