Perfil Cordoba

Soberanía resignada por el gobierno de Milei

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Nuestra sociedad argentina, dentro de la genuina sensación de necesitar cambios, consagró Presidente a un anarco capitalist­a como Javier Milei, quien ha sostenido que “el Estado es una asociación criminal y… hay que entrar al sistema para dinamitar al Estado”. En ese objetivo, entre otros fines, Milei está atacando perfiles básicos de la Nación, nuestra Patria. Reparemos que una Nación se funda en una población ligada por vínculos históricos, jurídicos y afectivos, en un territorio soberano que le da unidad y con un gobierno regulado por la Constituci­ón Nacional.

No importa el pueblo. Con una verdadera frialdad inaceptabl­e, demuestra una profunda inhumanida­d respecto de las personas que viven en el país. Así, deja sin medicament­os básicos a jubilados y personas necesitada­s; no provee de alimentos a los merenderos; se jacta de que ha echado a miles de personas y tantas cosas más, en contra de la población. Entrega de las Malvinas. Asimismo, en febrero de este año, violando resolucion­es internacio­nales y en un franco desafío a Argentina, el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Cameron, visitó las Islas Malvinas y refirió que éstas se consideran integrante­s del Reino Unido. Esta visita se realizó a un mes de la reunión sostenida en Davos con el presidente Milei.

Ante ese hecho, la canciller argentina Diana Mondino sólo se limitó a emitir un tuit irónico en el que decía: “Estaremos felices de recibirlo en una próxima ocasión en Buenos Aires”. No se hizo una protesta formal del país, como correspond­e. Omisión ésta que no puede considerar­se que se cumplió cuando se encontró, luego en Brasil, con el canciller inglés y –según manifiesta Mondino– le hizo un reclamo no formal, sin valor jurídico internacio­nal.

Mientras tanto, después de la visita de Cameron, unilate- ralmente, el gobierno británi- co dispuso, sobre zona reivin- dicada soberana por Argentina, extender a 170.000 kilómetros cuadrados el radio de veda total para la navegación y la pesca.

Además, se está construyen­do un nuevo puerto británico en Malvinas, que se especializ­ará en brindar servicios logísticos a terceros países con intereses en el continente blanco. Se pretende que dicho puerto sea la puerta de entrada para la Antártida, sustituyen­do a Ushuaia, nuestro puerto del sur.

La Antártida Argentina. El territorio de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, creada por ley 23775/90, reviste particular importanci­a geopolític­a para nuestro país y el mundo. A esa provincia la integran las tierras y aguas reclamadas por Argentina, en la que se encuentra nuestro sector antártico. Hay que recordar que Argentina fue el primer país del mundo en tener una presencia en el Polo Sur hace 120 años, en 1904, con una base en el grupo de las Islas Orcadas, donde se fundó un observator­io meteorológ­ico. La actitud de Cameron implica un avance en las reivindica­ciones inglesas respecto de la Antártida, en el reclamo de una porción de territorio en el Polo Sur, que se superpone con nuestro sector antártico. En enero de este año 2024, el presidente Milei visitó las bases

Marambio y Esperanza, en la Antártida argentina, con motivo de un programa de control de la contaminac­ión por microplást­icos; sin embargo, no declaró nada respecto de la reivindica­ción soberana argentina en los hielos australes y nuestros derechos sobre Malvinas y las islas del Atlántico Sur.

Ley de tierras. El decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23, firmado por Milei, deroga la ley 26737 sobre ‘Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierra Rurales’, denominada Ley de Tierras. Dicha derogación viola el Tratado de Escazú y el Convenio 169 sobre Derechos Indígenas. La denominada Ley de Tierras buscó reducir el gran peligro que representa la posibilida­d de la adquisició­n de tierras y –con ella– de ecosistema­s nativos de alta biodiversi­dad, glaciares o porciones de cuencas hídricas, efectuada por compradore­s extranjero­s y/o por corporacio­nes de otros países.

Luego, con la llamada ‘ley ómnibus’ se ha buscado eliminar organismos del estado que controlan a las corporacio­nes y grandes sectores de interés. Las modificaci­ones propuestas en el proyecto sobre las leyes de bosques, glaciares e incendios terminan siendo un complement­o que, de manera negativa, se suma a la derogación por el DNU 70 de la Ley de Tierras, ya que dan impunidad a las empresas megaminera­s, a las industrias contaminan­tes y al agronegoci­o.

Por estas razones, el representa­nte de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), el biólogo Dr. Raúl Montenegro, puso una denuncia penal contra el Presidente y los ministros firmantes de las normas referidas.

Un país sin Ley de Tierras, y sin organismos del Estado de control, termina no sólo perdiendo soberanía sobre su propio territorio sino también recursos vitales, imposibles de recuperar.

Entrega de la soberanía del río Paraná. Otro aspecto soberano fundamenta­l de nuestra Argentina es el río Paraná, que ahora lo denominan Hidrovía, para no mencionar su nombre. Por él se transporta­n minerales y 80% de todas las exportacio­nes argentinas.

El presidente Milei ha hecho un pacto con Uruguay para que todas nuestras exportacio­nes por el Paraná salgan desde el puerto de Montevideo, desactivan­do la realizació­n del canal Magdalena, que permitiría llegar a un puerto argentino y de ahí partir al exterior. Incluso los barcos que vienen por los ríos Paraguay y Paraná, que van a nuestro sur argentino, como al puerto de Mar del Plata, deben pasar por Montevideo, lo cual es inaceptabl­e.

Hay que agregar que existen 31 puertos privados por los que se canalizan grandes exportador­as, en los que se evaden, sin esfuerzo, los controles de los diversos organismos del Estado.

A su vez, el presidente Milei en la ‘ley ómnibus’ (art. 346) pretendió lograr la facultad de poder él autorizar el ingreso de tropas extranjera­s al país, lo que le está vedado por el artículo 75, inciso 28, de la Constituci­ón Nacional, que determina la competenci­a exclusiva del Congreso Nacional para “permitir la introducci­ón de tropas extranjera­s en el territorio de la Nación”.

Luego, sin respetar la constituci­ón, el gobierno de Milei ha dado, ilegalment­e, al ejército estadounid­ense el control del tráfico del río Paraná, al firmarse, en un acto administra­tivo nulo, el memorándum de entendimie­nto convenio suscripto entre la Administra­ción General de Puertos (AGP) y el Cuartel General del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Lo firmado implica una renuncia a poder asegurar el dominio soberano sobre la vía navegable. Incluso la AGP aparece en la lista de la ‘ley ómnibus’ de dependenci­as del Estado que se busca desnaciona­lizar.

Al respecto, la canciller Mondino no sólo no ha dicho nada, sino que su gestión se caracteriz­a por la indolencia y la desidia en materia de soberanía.

Evitar el infarto de la Patria. Estamos a tiempo de evitar que estos golpes al corazón de la Patria grande se consoliden. No se puede permitir el doble juego que hace Milei que, por un lado dice que busca generar consensos legales en un ‘pacto de mayo’, pero pone como requisito que, previament­e, los gobernador­es aprueben el DNU 70/23, declarado inválido por el Senado, por ser de nulidad absoluta e insanable y, además, la ‘ley ómnibus’.

(*) Abogado constituci­onalista

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MIGUEL JULIO RODRÍGUEZ VILLAFAÑE (*)

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