Vuelven las políticas industriales activas: ahora se suma Brasil
El presidente Lula da Silva lanzó el Nova Indústria Brasil (NIB), un plan que
prevé inversiones millonarias para el desarrollo productivo y tecnológico.
Primero fue China, luego Estados Unidos y la Unión Europea, y ahora es nuestro vecino Brasil el que se sube al renovado tren de las políticas industriales activas, al cabo de cuatro décadas en las que el Estado había dado un paso atrás en el diseño de las estrategias económicas nacionales.
Nova Indústria Brasil (NIB) es el nombre del plan anunciado por el gobierno de Lula Da Silva para destinar unos 61 mil millones de dólares durante los próximos tres años a financiar el relanzamiento de sectores manufactureros claves.
La NIB se propone alentar el desarrollo productivo y tecnológico, ampliar la competitividad de la industria, orientar la inversión, promover la creación de empleo de calidad y potenciar la presencia de sus productos en el mundo.
Este paso se inscribe en una tendencia que puede rastrearse incluso hasta potencias asiáticas tan diversas como India y Japón, pero renueva también un debate académico -y de intereses- en el que surgen objeciones.
Las políticas industriales activas que vuelven ahora por sus fueros tienen metas de aumento de la productividad y de transformación de las matrices económicas de los países, en particular hacia economías menos contaminantes, imposibles sin un esfuerzo estatal coordinado y dirigido por encima del libre mercado. Pero sus críticos ven en ese rol del Estado sólo riesgo de corrupción e incompetencia.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ventiló recientemente alertas sobre una temida reacción proteccionista que afecte la casi total libertad de intercambios que caracterizaron la última globalización.
Desde ese punto de vista, sería una “interpretación errónea” atribuir el surgimiento de Estados Unidos como potencia a políticas estatales de aliento industrial, y no a una apertura generosa de su economía -al capital, a la inmigración y a la tecnología- en un mercado de feroz competencia.
Pareciera que el mundo, sin embargo, está haciendo otra lectura. Estados Unidos retomó esas políticas con la Ley de Chips y la Ley de Reducción de la Inflación (unos 400 mil millones de dólares en apoyos), Beijing se dio el plan Made in China 2025 para reducir su dependencia externa y la Unión Europea vuelca miles de millones de euros para darse una transición hacia un futuro de economía verde y digital.
¿Qué nos queda a los países en desarrollo? ¿Pueden sostener en el largo plazo la financiación de políticas de subsidio y apoyo a sus industrias sin escapar al riesgo de desembolsar mucho dinero y obtener ventajas apenas marginales, mientras resignan capitales externos e ingresos por exportaciones?
Brasil, por lo pronto, ha decidido avanzar convencido en el camino de grandes potencias ante las que necesita posicionarse cuanto antes, tanto por el peso específico de su proyección económica como por la apuesta geopolítica que supone su liderazgo en el Sur Global y, en particular, desde los BRICS.
El plan Nova Indústria Brasil tendrá metas para cada una de las seis “misiones” -en seguridad alimentaria, sanitaria y energética, infraestructura, transformación digital y defensa- que se propone para la próxima década, a través de inversiones, acciones y esfuerzos coordinados del gobierno y del sector productivo nacional.
El plan contempla líneas de crédito especiales, recursos no-reembolsables, regulaciones de patentes, un programa de obras y compras públicas.
Esta respuesta de Brasil forma parte de un proceso de cambio estructural, la transición energética, que está modificando las cadenas de suministro y las relaciones comerciales en todo el mundo, produciendo una “revolución industrial verde” y generando tensiones geopolíticas en diferentes regiones.
Tras varias décadas de globalización abierta que reparó mucho en el movimiento de capitales y poco en el cuidado de los recursos, los principales valores que se persiguen en este nuevo contexto son la sostenibilidad y la seguridad energética, como se verifica especialmente en Europa y Estados Unidos.
En este contexto, América Latina se erige como un actor clave porque cuenta con los recursos naturales críticos que demanda la transición y con estructuras productivas más avanzadas que las de sus potenciales competidores en África.
Ciertamente, la capacidad que tiene la región para generar mecanismos de incentivo a partir de créditos fiscales, regulaciones comerciales protectoras e inversiones públicas directas, es menor a la que exhiben los países desarrollados.
Por eso, cualquier esfuerzo, por más mínimo que sea, será doblemente importante y, considerando el contexto restrictivo, sólo tendrá sentido si está destinado a la migración de capacidades productivas al nuevo marco de sostenibilidad.
Sin embargo son los factores estructurales de largo plazo los que plantean los retos mayores: incrementar la productividad, transformar los sistemas económicos y productivos para crear más y mejores empleos; y avanzar hacia economías tecnológicamente más sofisticadas con bajas emisiones de carbono.
Las definiciones de Brasil lo posicionan, una vez más, en la delantera de la región. La ausencia de iniciativas coordinadas y programáticas en el resto de los países ricos en recursos naturales para la transición energética, como Argentina y Chile, evidencian sus debilidades para aprovechar el renovado margen de maniobra y utilizarlo como palanca para su mejor industrialización.
Se vuelve muy difícil pensar el desarrollo competitivo de la industria de los diferentes países de la región sin tener al mercado brasileño como uno de sus principales destinos comerciales.
La potencia que imprimirá la NIB brasileña al desarrollo de industrias estratégicas de ese país es un llamado de atención para Argentina y el resto de los socios comerciales de Brasil en América del Sur, que necesitan apostar a las oportunidades que presenta la transición energética.
El riesgo claro que tenemos frente a nosotros es la desindustrialización con el consecuente deterioro laboral y distributivo.