Titulares de empresas radicadas en EEUU deben informar quiénes son los beneficiarios reales
La nueva norma fue votada en el Congreso norteamericano y entró en vigencia el 1 de enero pasado. Quien la incumple es pasible
M.E.R. El Congreso de los Estados Unidos promulgó la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) creando un requisito para algunas empresas de dezan de ser multado o, si se considera falta grave, de ir a prisión por un máximo de dos años. El objetivo es garantizar la licitud de las inversiones
clarar ante la Red de Represión de Delitos Financieros información personal sobre sus beneficiarios finales, a partir del 1 de enero de 2024. Las sociedades podrán cumplir
en el país para combatir el narcolavado y el narcoterrorismo. Dueños de Corps, LLCs o LPs están obligados a realizar el trámite.
la obligación en el plazo de un año. El vencimiento para presentar el informe del año en curso vencerá el 1 de enero del 2025.
El órgano de aplicación es el Financial Crimes Enforcement Network ((FinCEN)), agencia del Departamento del Tesoro de EEUU, que abrió a partir de la nueva ley un registro de beneficiarios reales y personas controladoras de entidades legales de este país.
Así, se busca “restringir el uso de estructuras corporativas, como empresas ficticias y de fachada, para cometer posibles delitos a través del sistema financiero de los EEUU”, explicó el especialista Mariano Sardans en la red social X. Y agregó que al registro “lo debe realizar el 99,9999% de quienes tienen sociedades en los Estados Unidos, tanto sean CORPs, LLCs o LPs”.
En concreto, las sociedades obligadas deberán identificar ante el FinCEN cada una de las personas físicas que ejerA un control sustancial sobre ellas o controlen por lo menos el 25% de sus participaciones (beneficiarios finales) declarando su nombre completo, fecha de nacimiento, domicilios de residencia y profesional, además de su documento de identidad.
Las sociedades obligadas a informar son las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, otras sociedades creadas o registradas en Estados Unidos o sociedades extranjeras inscriptas en ese país. Las únicas exceptuadas son las organizaciones sin fines de lucro y determinadas grandes empresas que están exentas de estos requisitos de información.
Sardans aclaró que el nuevo requisito impuesto no generará pérdida de confidencialidad. “La información de beneficiarios efectivos reportada a FinCEN se almacenará en una base de datos segura y no pública utilizando métodos y controles rigurosos de seguridad de la información, típicamente utilizados en el gobierno federal para proteger sistemas de información no clasificados pero sensibles a los más altos niveles de seguridad”, citó en un posteo.