Una investigación que derivó de una presunta estafa y adquirió gran densidad
El expediente judicial federal es una derivación de una investigación provincial por una supuesta estafa con la venta de un auto y una lancha de la que fue víctima un vecino de Federico Máscolo. Cuando las autoridades de los tribunales ordinarios comenzaron a establecer las propiedades que tenía, dieron aviso a sus colegas federales.
Al cabo de una pesquisa inicial, el fiscal federal Maximiliano Hairabedián –subrogante de la Fiscalía Federal 1 en ese momento– encabezó allanamientos autorizados por el juez Alejandro Sánchez Freytes el 12 de diciembre pasado en la casa del empresario, ubicada en el country Las Delicias. No encontraron a Máscolo. Hallaron la vivienda revuelta y un doble techo en uno de los dormitorios. Al día siguiente, el investigado se presentó junto a un abogado y quedó detenido e imputado por presunto lavado de activos. También resultó acusado el dueño de una concesionaria de autos en Nordelta, Ricardo José Sodo Toranzo.
Desde diciembre, la investigación logró detectar 14 vehículos, autos de alta gama, motos de agua, motocicletas y lanchas; ocho inmuebles en Argentina, y 13 departamentos en el exterior, la mayoría en Miami y uno en Uruguay. Las maniobras incluirían la creación de una serie de sociedades (así se evita el pago de impuestos en Estados Unidos) para adquirir o vender esas
unidades habitacionales.
Por esa razón, a comienzos de abril el titular de la Fiscalía Federal 1, Enrique Senestrari, luego de reintegrarse de una licencia por enfermedad, efectuó nuevos allanamientos y amplió las imputaciones a más personas.
Además de Máscolo y Sodo Toranzo, se sumaron como partícipes necesarios del
mismo delito Ricardo Salvador Quevedo, Norma Albina Solterman, María de los Ángeles Avendaño Ferrero, Javier Adrián Katz, Enrique Medeot, Pablo Ramon Máscolo (hermano del principal acusado) y Mirta Esther Bustos. La mayoría de ellos figuran también como titulares de algunos bienes o miembros de las sociedades sospechadas.
partir de la causa Máscolo, la figura de Javier Katz adquirió relevancia y dio densidad al expediente al figurar como socio o nuevo gerente en numerosas firmas radicadas en Miami, cuando en realidad no se le conoce actividad económica o productiva.
La investigación no está cerrada. Hay una enorme lista de nombres a partir de sociedades inscriptas en el exterior. Es necesario dilucidar quiénes son, si son personas que compraron departamentos a través de sociedades creadas a su nombre con fondos demostrables, si son prestanombres o testaferros o si fueron involucrados desconociendo la situación.
PERFIL CÓRDOBA detectó por lo menos 16 LLC en Miami con el nombre Creska. Surgiría de la conjunción de Crescencio Bottiglieri, un empresario de la construcción riojano, y el apellido Katz. En serie se designan con los números de departamentos a que hacen referencia: Creska 218, 235, 425, 531, 621, 632, 638, 718, 723, 804, 807, 1007, 118 y 1138. El domicilio es el mismo: 19201 Collins Ave, Sunny Isles Beach, Florida.
Lo mismo ocurre con Berfransan, que sintetizarían los nombres de los hijos de Máscolo. La semana pasada se conoció que la empresa Berfransan 1130 está a nombre de Guillermo Cavagliato, hermano del presidente del Club Instituto de Alta Córdoba. Él explicó que compró un departamento y se despegó de cualquier ilícito.
La Justicia no sólo analiza los socios que figuran en la actualidad entre los cuales hay personas de Córdoban, Villa Nueva, Monte Grande (Buenos Aires) y Chaco, sino quiénes gestaron esas empresas y luego las transfirieron a otros. Con las LLC pueden esconderse los verdaderos dueños.