El presupuesto para niñez y adolescencia, más de un 70% más bajo que el ejecutado en 2023

Surge de la comparación trimestre contra trimestre. Según la organización Infancia en deuda, las áreas más críticas son salud y educación. En el primero de los casos, se ejecutó solamente el 7,66% del presupuesto vigente. En educación no se llega al 9% de

Según un informe presentado por el colectivo de organizaciones de defensa y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes Infancia en deuda, la inversión del Estado en este grupo social viene disminuyendo desde 2021 de manera constante.

“Es preocupante la situación para este año, en que no habrá ley de presupuesto: el presupuesto real en derechos de NNA en 2024 es un 72,7% menor que el ejecutado en 2023 y un 78,5% que el ejecutado en 2021”, destacaron en un comunicado. Esto, “genera que, en un país con altísimos niveles de inflación, las partidas queden completamente desactualizadas y se produzca un ajuste considerable sobre la inversión”. Además, “hace que el Poder Legislativo pierda su potestad de fijar nuevamente las prioridades del gasto y establezca los límites que considere necesarios al uso de recursos por parte del Poder Ejecutivo”.

Las áreas más críticas en cuanto a presupuesto son salud y educación. “En salud, en los primeros tres meses del año, solo se ejecutó un 7,66% del presupuesto vigente. En educación, en el mismo tiempo, no se llega al 9% de ejecución y hay programas que registran una inejecución total”, explicaron.

“Se observan significativas reducciones en términos reales en algunas políticas”, explicó a PERFIL Juan Camisassa, coordinador de Protección Social de Cippec, quien también es parte de Infancia en deuda. Entre los ejemplos, mencionó, se encuentran las Becas Progresar. “Tomando lo ejecutado en los primeros tres meses de 2023 y de 2024, el programa tuvo una variación interanual negativa del 45,7%”.

En cuanto al nivel de vida, el informe destaca los “altísimos niveles de pobreza extrema” y hace hincapié en la disminución de la cobertura de la AUH. En 2019, en promedio, cubría el 61% de una Canasta Básica Alimentaria y el 24% de una Canasta Básica Total. “A febrero de 2024, cuatro años después, sólo permite cubrir un 40% y un 18%, respectivamente”. “Un grupo importante de políticas a observar es el de las transferencias monetarias a familias con NNyA”, continuó Camisassa, quien señaló además, que “el gasto en asignaciones familiares para trabajadores formales (y, consecuentemente, su monto) se ha reducido durante el último año”.

La baja, agregó, es consecuencia “del desacople entre la propia dinámica inflacionaria y la fórmula de movilidad que se encarga de actualizar los montos de las asignaciones, aprobada en diciembre de 2020” algo que hizo que por la dinámica inflacionaria de los últimos años “este mecanismo haya estado consistentemente por debajo de la inflación”.

Por otro lado, detalló, “la AUH también se actualiza mediante este mecanismo, mientras que la Prestación Alimentar se hace de forma discrecional”. Ambos valores sufrieron reducciones reales durante 2023. “Sin embargo, en enero de 2024, el Gobierno decretó un aumento del 100% en ambos montos, lo que implicó una recuperación sustancial de su valor real”.

Desde Infancias en deuda insistieron en la necesidad de atender a este grupo, más teniendo en cuenta que en solo seis años “más de 3, 5 millones de NNyA (casi 30% del total) se convirtieron en pobres y más de 3,1 millones en indigentes (casi 26% del total)”.

Ante este panorama, destacan también que “el Estado nacional argentino redujo drástica e intempestivamente la asistencia a organizaciones barriales, comedores escolares y otras que prestan un servicio alimentario directo y gratuito”.

Por otro lado, desde el colectivo impulsan la revisión de la exclusión de adolescentes de entre 15 y 17 años de la Prestación Alimentar. “Por la limitación etaria del Programa, 558.118 adolescentes solamente reciben la AUH y cubren apenas el 40% de una alimentación mínima”, afirmaron.

Mientras se reducen las partidas para NNyA, señala el informe, “el Estado sostiene hace años gastos tributarios, que son recursos que el Estado deja de percibir para beneficiar actividades, zonas, contribuyentes y/o consumos. Algunos tienen un fin redistributivo, pero muchos de ellos son injustos”. Por eso, y en este contexto crítico, consideran que entre estos beneficios injustos deberían rever cuestiones como: “la exención impositiva del pago de impuesto a las ganancias a juezas y jueces, la exención del pago de impuestos de bienes personales a inmuebles rurales, o la dispensa del pago del impuesto al valor agregado de los honorarios de directores de sociedades”.

Para Camisassa también es importante destacar los avances de los últimos años. Entre ellos: “la incorporación de la AUH al pilar no contributivo del Régimen de Asignaciones Familiares, el establecimiento de la actualización automática al igual que el subsistema contributivo, la incorporación de trabajadores/as monotributistas –históricamente excluidos– a la cobertura de Asignaciones Familiares y la integración de la AUH y las asignaciones familiares a través del sistema de Cobertura Única a la Niñez y la Adolescencia de Anses”.

Por otro lado, también, el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA). “Implementado en los 36 departamentos con mayor incidencia de embarazos no intencionales en la adolescencia, facilita el acceso a métodos anticonceptivos y ofrece información sobre salud sexual y reproductiva en escuelas y servicios públicos de salud. Desde su inicio en el 2018 hasta 2022, la tasa de fecundidad adolescente se ha reducido en un 50% en Argentina”.

No todas las necesidades de los niños pasan por lo meramente económico, pero sí están atravesadas por él. “Los niños y adolescentes están tomando más registro de la situación económica. Tal vez, no con preocupación, pero sí están tomando mayor registro de lo que pasa en las familias”, explicó a PERFIL Vanesa Lavaselli, psicóloga infantil. “La recomendación es que hay que cuidarlos del mundo de los adultos. Obviamente, no pueden vivir aislados del contexto en el que estamos, pero sí hay que tratar de cuidarlos de las informaciones que reciben”.

Respecto de los cuidados en general, Camisassa advierte que es una de las necesidades más apremiantes. “Apenas el 33% de los menores de cuatro años acude a un espacio de crianza, enseñanza y cuidado (CEC) para la primera infancia”, algo que también varía según el poder adquisitivo de las familias: “el 28% de los niños de 0 a cuatro años del quintil de ingresos más pobre (20% de menores ingresos) acude a un espacio CEC, valor que asciende al 50% en los de mayor nivel socioeconómico”, sintetizó.

En el trimestre, las Becas Progresar

tuvieron una variación negativa

del 47,5%