López contó con protección judicial durante ocho años de denuncias
Se frenaron causas y se dilataron investigaciones. Una de sus empresas, denunciada en 2008, fue allanada la semana pasada. Y él, indagado recién hace tres días.
La Justicia, abogados vinculados a la ex Secretaría de Inteligencia y peritajes a su favor salvaron al ex secretario de Obras Públicas José Francisco López durante ocho años. Al fin, después de un largo encubrimiento exitoso, fue el ex funcionario quien se enterró a sí mismo y volvió inevitable un avance en su contra en los tribunales federales.
El caso desnuda las debilidades y complicidades judiciales.
En 2008, López fue denunciado por enriquecimiento ilícito. A lo largo del expediente aparecen alertas que no fueron escuchadas e indicios que no fueron investigados. La principal causa en su contra estuvo a cargo del juez Daniel Rafecas. Al fiscal del caso, Federico Delgado, no le cerraban los números. Sólo por tomar uno de los datos en su declaración jurada, López tiene dos terrenos en El Calafate de 600 metros cuadrados cada uno, declaró que valían apenas $ 10 mil y $ 6.600.
Dos años después de que el fiscal pidiera que se investigara el patrimonio de “Josecito” –como se lo conoce–, la causa continuaba sin novedades. La fiscalía pidió un informe al juez Rafecas y el magistrado dispuso en agosto de 2010 que se tasen los bienes de López. La pericia quedó a cargo del Cuerpo de Tasadores de la Corte Suprema. Los especialistas pidieron viáticos para viajar a Santa Cruz a realizar el estudio de los inmuebles de López en Río Gallegos y El Calafate.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), que debía encargarse de impulsar las causas contra funcionarios públicos, presentó un informe que decía que había encontrado “inconsistencias” en la pericia de la Corte. Dos contadores tuvieron que ir a declarar.
En noviembre de 2011, luego de una nota de PERFIL, el fiscal Delgado pidió que declarara Gra- ciela Bravo, ex esposa de un socio de López en su empresa La Araceliti. En Tucumán, de donde López y sus socios son oriundos, el divorcio de Gustavo Menocal y Graciela Bravo había agitado las aguas. La mujer habría dicho que su esposo era testaferro de López. Cuando declaró ante la Justicia, negó todo. López volvió a zafar.
La Araceliti era una empresa dedicada al cultivo de tabaco en Tucumán, pero luego se convirtió en constructora habilitada para realizar obra pública. La esposa de López, María
la empresa que tiene con su esposa se creó para sembrar tabaco y se convirtió en una constructora
Amalia Díaz, figuraba como presidenta de la sociedad y López, como director suplente. La firma figura en el expediente por enriquecimiento desde 2008. Fue allanada por primera vez el miércoles, ocho años después. No encontraron nada.
En 2013, continuaron apareciendo alertas e indicios, pero no fueron escuchados. La Oficina Anticorrupción, entonces alineada con el kirchnerismo, emitió una resolución en la que advertía al Poder Ejecutivo que se “abstenga” de contratar a la constructora. La gobernación y las intendencias de Tucumán quedaron afuera de la advertencia.
En el juzgado de Rafecas aseguran que “se hizo todo lo que estuvo a nuestro alcance y se rechazaron planteos (de la defensa de López) para cerrar la causa”. La Sala II avaló la decisión de Rafecas de no cerrarla. “Se investigó todo su patrimonio y el de sus familiares. El expediente tiene unas 4.600 fojas”, se defienden.
Cuando, en 2013, Sergio Schoklender señaló a López como uno de los responsables de la corrupción en la obra pública, la fiscalía pidió investigar los movimientos migratorios de López y su esposa ante una pista que conducía a posibles negocios en Brasil, Bolivia y Paraguay. Rafecas pidió que se levante el secreto fiscal sobre López en esos países. Pero la Sala II de la Cámara Federal declaró nulos esos exhortos del juez.
La defensa de López, como la de mu- chos funcionarios, estuvo a cargo del estudio de Darío Richarte, ex número dos de la Secretaría de Inteligencia. Hizo grandes esfuerzos para que la causa se cerrara, pero no lo lograron. Lo que sí consiguió López fue achicar el alcance del expediente y correr al fiscal Delgado de una nueva pista. Fue en 2013, cuando se vinculó a López con la constructora Rovella & Carranza. La defensa logró que se formara una nueva causa. Quedó a cargo de Norberto Oyarbide, con resultados predecibles.
En febrero, el fiscal Delgado pidió que el juez investigara a Andrés Galera, señalado como un supuesto “valijero” de López, y solicitó que se ampliara la investigación patrimonial a la suegra del ahora diputado del Parlasur. El juez aceptó. La semana pasada, tras el escándalo, López fue indagado por primera vez.
Las alertas y los indicios que aparecían no fueron escuchados