Procesan por defraudación a penitenciarios

Con esa seguridad, se presentó de forma voluntaria en el juzgado de Sebastián Casanello sin sospechar que el magistrado daría lugar al pedido que había realizado el fiscal Federico Delgado.

Sin embargo, su estado de salud y su malestar espiritual no le impiden continuar “atendiendo asuntos de sus negocios”. Casanello, para evitar que se fugue o entorpezca la investigación por la tragedia en Costa Salguero, ordenó que llevara un dispositivo electrónico y que hubiera informes periódicos con relación al cumplimiento de su prisión domiciliaria en su lujosa mansión. La Cámara Criminal y Correccional Federal procesó a diez miembros del Servicio Penitenciario Federal (SPF) por “defraudación contra la administración pública”. La Justicia los acusa de haber comprado una casa en Chaco para trasladar la sede de la obra social del organismo sin reparar en que era propiedad de un familiar de uno de los imputados y por un valor en perjuicio del organismo de más de un millón de pesos.

Para la Justicia existieron “irregularidades” en la adquisición del inmueble que realizó la Dirección de la Obra Social del SPF, para traladar la sede que se encontraba dentro de la Unidad 7 a una que estuviese extramuros.

Por eso se procesó, entre otros, al ex director del penal, a un ex subdirector nacional y a una abogada (que era auditora de la Obra Social), que es la hija de los propietarios de la casa cuestionada. Para los jueces, los procesados formaron “una cadena de aportes indispensable” para efectivizar la compra y esta maniobra significó “un monto perjudicial de 1.522.000 pesos”.