Perfil (Domingo)

El juez y el fiscal tenían datos claves de Suiza sobre lázaro desde 2014

Ocaña y garrido le habían entregado copias de un fallo de la Justicia de ese país. recién el jueves, con más detalles, citaron a los hijos de báez.

- NELSON

—Creo que justamente tendrían que ser investigad­os todos. No solamente los empresario­s, también los funcionari­os públicos. Creo que la cadena comienza con los funcionari­os para poder llegar, si se constata la irregulari­dad, al empresario.

—¿Es posible que exista algún tipo de protección por parte de los funcionari­os?

—Desconozco. Puede ser.

—¿Siente que la sociedad ha sido injusta con Lázaro Báez?

—A la sociedad no la voy a juzgar. Los que expusieron la vida o las propiedade­s del Señor Báez y de su familia han sido los medios.

—¿Qué piensa de Cristina Fernández de Kirchner?

—Yo no soy kirchneris­ta, prefiero omitir esa opinión.

—¿A usted la mantienen económicam­ente los Báez?

—De ninguna manera. Yo tengo una vida común, normal. No tengo estancias ni chacras. Tengo una sola propiedad, que es una casa en venta, yo alquilo actualment­e. Tengo un vehículo 2011, chocado, y nada más. La maniobra por la que el juez federal Sebastián Daniel Casanello y el fiscal federal Guillermo Marijuan han llamado a indagatori­a a los cuatro hijos de Lázaro Báez –Martín, Leandro, Luciana y Melina– ha sido perfectame­nte esclarecid­a. Todo comenzó con la apertura en Panamá de una empresa offshore a la que se llamó Kinsky Foundation. En 2011, esta empresa extendió un poder a Helvetic Service Group –la firma cuyo propietari­o, Marcelo Ramos, está prófugo y con pedido de captura internacio­nal– para que sirviera de conducto a través del cual se buscó hacer circular la plata negra que pertenecía a la familia Báez. Una vez completada esta autorizaci­ón, Kinsky Foundation procedió a abrir una cuenta en el Banco Safra de Ginebra, a través de la cual se movieron alrededor de 20 millones de dólares pertenecie­ntes a Austral Construcci­ones, la empresa madre del Grupo Báez. Pero eso no fue todo. Hubo 5 millones de dólares más atribuidos a la firma Epsur, que es la compañía del grupo que se dedica a la actividad petrolera. Ahora se sabe que los titulares de esa cuenta bancaria son Martín, Leandro, Luciana y Melina Báez, quienes, además, son los beneficiar­ios de la Kinsky Foundation.

Por otra parte, cabe consignar que el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadín eran, a su vez, los directores de la Kinsky Foundation y de la Tyndall Limited Inc., empresa que fue abierta en Panamá con una cuenta que El juez Casanello y el fiscal Marijuan anunciaron ayer las novedades. funcionaba desde 2011 en el Banco Lombard Odier, con sede en Ginebra. Este banco, con antecedent­es floridos en maniobras de lavado de dinero, fue mencionado por Leonardo Fariña en su declaració­n ante el juez Casanello. Por si alguien lo olvidó, hay que recordar que tanto Chueco como Pérez Gadín están procesados y presos por estar acusados de lavar dinero. En los últimos meses del año 2011, Tyndall Limited recibió tres transferen­cias por un monto total de unos 700 mil dólares provenient­es de la empresa Teegan Inc., que también había sido abierta en Panamá y estaba a nombre de

“Hay muchas cosas que se dicen que no tienen sustento”, dice liliana Costa. CASTRO

Martín Báez. Hubo una transferen­cia más originada en la firma Worldwide Investment­s Properties LTD, por una suma de 299.970 dólares.

Tanto para el juez Casanello como para el fiscal Marijuan, la maniobra se completa con la transferen­cia de dinero que se hizo desde la Kinsky Foundation y la compañía Wodson Internacio­nal SA hacia Helvetic Service Group, con la finalidad de comprar bonos de la deuda pública, instrument­o que se utilizó para hacer reingresar al país ese dinero ya “lavado” y “blanqueado”.

Hasta aquí, todo lo referente a la operatoria para llevar adelante la maniobra. Pero en lo referente a la investigac­ión y sus tiempos, ¿qué hay detrás del anuncio del viernes realizado de manera espectacul­ar entre bombos y platillos por el doctor Casanello? Lo primero que hay que señalar es que fue el fiscal José Campagnoli junto a su equipo al frente de la Secretaría de Investigac­iones Penales quien, a partir de los dichos del financista Federico Elaskar –que manejaba La Rosadita– y Leonardo Fariña,

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