La sindicalización en las minas, el eje de un conflicto brutal
Tras el asesinato del viceministro boliviano del Interior, Rodolfo Illanes, el presidente Evo Morales afirmó ayer que “el gobierno nacional ha derrotado otra vez un golpe de Estado”, en alusión a las protestas de mineros cooperativistas que derivaron en el crimen de Illanes en aparente venganza por la muerte de tres huelguistas a manos de la policía. Morales aseguró que las autoridades encontraron documentación en las oficinas allanadas de las cooperativas en las que se hablaba de “tumbar al gobierno”.
Más allá de las teorías conspirativas que echó a rodar el Ejecutivo, que afirma que la movilización de los mineros es “usada” por factores de poder para desestabilizar al oficialismo, en el eje del conflicto aparece una reforma legal impulsada por Morales que despertó gran preocupación en la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), representante de un sector que durante años ha sido un valioso aliado del Movimiento al Socialismo (MAS).
A principios de mes, la Fencomin se declaró “en pie de lucha” cuando la Asamblea Legislativa boliviana incorporó un artículo a la Ley General de Cooperativistas en el que se admite la existencia de sindicatos en el interior de las minas cooperativas. El presidente de la Fencomin, Carlos Mamani, no pudo haber sido más explícito en su rechazo: dijo que “honestamente” no quieren “permitir ninguna sindicalización en las cooperativas” ya que “conocemos la actitud que toman los sindicatos” –aludía a reclamos salariales– y “el sector se podría volver ingobernable”.
Mamani fue imputado ayer por la fiscalía de La Paz como uno de los presuntos autores intelectuales y materiales del asesinato de Illanes.
La conducción de los cooperativistas, que representa a 130 mil afiliados, argumenta que los sindicatos no tienen nada que hacer en sus minas ya que allí no existen vínculos obrero-patronales. Lo curioso es que, al tiempo que reclaman que se preserven intactas las relaciones laborales tradicionales en las minas, las cooperativas exigen al gobierno un permiso para asociarse con las grandes mineras privadas multinacionales. Por ahora, Morales no cedió.