EDUCACION

La Ciudad de Buenos Aires ha decidido extender la jornada en algunos de sus servicios educativos de jornada simple, algunos días de la semana, para los últimos años de primaria y los primeros de secundaria. Esta loable intención está muy lejos de los objetivos de la Ley de Financiamiento Educativo del año 2005, que propuso llegar a la incumplida meta del 30% de los establecimientos con jornada extendida en el año 2010. En 2006, la Ley Nacional de Educación estableció que todas las escuelas públicas primarias debían ser de jornada extendida. En diciembre de 2012, por Resolución 188/12, el Consejo Federal de Educación aprobó el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente para el quinquenio 2012-2016, y allí se proponía una meta más modesta: duplicar los establecimientos con jornada extendida vigentes al año 2011. Este es un país donde cumplir con 180 días de clases en todas las jurisdicciones ha sido imposible en los últimos treinta o más años; donde las huelgas docentes incluyen reclamos tan justos como variados de recomposiciones salariales, donde hay obras sociales sin fondos, interminables trámites para jubilarse, infraestructura edilicia deficiente, faltas de docentes o de titularizaciones donde existen los cargos, etc.; donde la currícula educativa y los tiempos para cumplirla los están decidiendo en gran medida las editoriales (a cambio de instalar equipos tecnológicos en las escuelas que los acepten) y los que venden viajes de egresados de secundaria superior, de secundaria básica, de primaria y hasta de jardín de infantes. Me pregunto: ¿no es hora de reunir a todos los actores interesados en esta problemática y tratar de encontrar un camino que nos lleve de una vez por todas a encontrar un camino de crecimiento? Créditos “blandos” de bancos oficiales para agrandar escuelas, fomentar la formación de cooperativas docentes, un plan de empleo público y capacitación técnica de jóvenes y desocupados en la construcción de nuevos edificios escolares. Además, las familias, empresas y