Un plan a contramano de las tendencias globales
Las medidas prohibicionistas tomadas en el plano nacional son contradictorias con las decisiones que se plantean desde los organismos internacionales especializados.
El plan del gobierno actual para combatir el narcotráfico va a contramano de los debates más serios en el mundo académico y extraacadémico sobre la materia. Esta semana, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reimpulsó políticas prohibicionistas y de mano dura. Sin embargo, está comprobada la íntima relación entre la implementación de estas políticas y el incremento de poder de los narcotraficantes.
Para empezar, el narcotráfico necesita del Estado de derecho para ser definido como delito. Esta obviedad no debe ser pasada por alto dado que la ilegalidad de la producción y el tráfico de drogas así como su persecución penal es uno de los principales factores de su colosal rentabilidad. Implica la absoluta desregulación del mercado de trabajo, la imposibilidad de gravar en términos impositivos toda la cadena de producción, transacción y consumo de drogas. También, la ausencia de todo control de calidad estatal en el proceso de elaboración y en el producto final. Investigaciones científicas. Otro punto a tener en cuenta es la falta de investigaciones científicas sobre los efectos que tiene el consumo de drogas ilegales en la salud de la población a mediano y largo plazo. Esto, en parte, se debe a la falta de homogeneidad de las sustancias que se consumen, lo cual afecta la imposibilidad de diseñar políticas públicas destinadas a la prevención y al tratamiento. Factores. Una de las razones que explica por qué el narcotráfico produce una mayor ingobernabilidad en Estados democráticos es la acumulación de Esta semana, la ministra anunció políticas dentro del programa Argentina sin Narcotráfico. ganancias espectaculares en plazos muy breves. El otro factor está vinculado al carácter consensual del delito, es decir, un tipo delictivo en el que tanto el proveedor de droga (victimario) como el consumidor (víctima) prestan su conformidad a la comisión del ilícito. Ambas cosas le confieren al narcotráfico una capacidad para el ejercicio de la corrupción sin paralelo con otras actividades criminales. Pero, además, el narcotráfico necesita del Estado de derecho como objetivo estratégico para cooptar su estructura y valerse de la legitimidad de la que gozan sus cuerpos represivos para perseguir competidores dentro del territorio nacional y, al mismo tiempo, desactivar toda intromisión de los aparatos de seguridad en sus áreas específicas de interés y de acción. Si esta operación resulta exitosa, no sólo se consigue monopolizar el negocio, con la consecuente facilidad para incrementar los márgenes de rentabilidad, sino sobre todo gozar de una absoluta impunidad para seguir operando allí donde se ha conseguido la hegemonía.
Una de las principales paradojas que entraña la problemática del narcotráfico desde el punto de vista jurídico-político radica en que, una vez alcanzada la etapa de cooptación del Estado, que Peter Lupsha denomina “parasitaria”, el discurso público antinarco y el recrudecimiento de las medidas de persecución penal destinadas a combatirlo se vuelven funcionales a la consolidación de las bandas criminales que ya alcanzaron una cierta posición predominante en el territorio. Su instrumentación por parte de los políticos, funcionarios o magistrados corrompidos apunta tanto a su propia invisibilización cuanto a desactivar todo discurso tendiente a en- frentar y resolver el problema: quienes sostienen un discurso semejante terminan confundiéndose ante la opinión pública con ellos mismos; quienes no lo hacen, son cínicamente acusados de complacientes frente a los narcos o incluso de cómplices de las bandas criminales. Esta encerrona discursiva parece ser la piedra de toque de todo intento democrático por discutir públicamente la despenalización de las drogas prohibidas.
Por otra parte, el narcotráfico en tanto crimen organizado necesita de condiciones marco que posibiliten, precisamente, su organización. La complicidad de los funcionarios estatales es una parte importante; la otra, radica en la garantía de un cierto funcionamiento normal del orden social, económico y político. Los Estados de derecho democráticos de la actualidad proveen tales condiciones, también porque ajustan sus instituciones para el mejor desempeño del capitalismo financiero, que reemplaza en buena medida el vínculo que los sujetos establecen con lo anualmente una suma superior a la deuda externa entera de un Estado soberano?
La respuesta es asombrosamente simple: de ninguna manera. Salvo, tal vez, legalizando y regulando toda la cadena: producción, comercialización, consumo. Con ello se disminuirían notablemente los márgenes de ganancia y se atenuarían los niveles actuales de violencia asociados al narcotráfico y propios de la “guerra contra las drogas”. Por el contrario, como ha quedado prácticamente demostrado en la abundante literatura existente sobre la materia, la política multilateral destinada a declararles la guerra a las drogas impulsada desde hace décadas por Estados Unidos ha sido hasta el momento la manera más eficaz de aumentar la rentabilidad de este negocio y expandir el dominio territorial de los narcotraficantes a través de la corrosión desde adentro del aparato de Estado democrático con la corrupción de los agentes públicos. *Doctor en Filosofía. Profesor titular de Filosofía y Filosofía del Derecho en la Universidad Nacional de La Matanza.