Lo logramos
El Estado reglamentó el uso de la pauta oficial tras la lucha judicial de Perfil contra el intento de “mediocidio” K. El control para que nadie vuelva a discriminar.
Si hace 13 años se hablaba de “publicidad oficial”, es probable que la mayoría no supiera bien de qué se trataba.
Hoy, cualquiera respondería que es una herramienta que los presidentes usan para apoyar a los amigos y castigar a los críticos.
Esta semana, el Gobierno firmó la primera norma para reglamentar su uso e impedir que se repita esta utilización perversa de fondos públicos.
Lo que pasó en los últimos 13 años puede ser el argumento de una película de terror, las desventuras de una mediana empresa y de sus periodistas mientras procuraban sobrevivir a pesar de la mayor cacería económica y mediática de la historia reciente, un verdadero intento de “mediocidio”.
La trama comenzó a poco de que Néstor Kirchner llegara al poder y descubriera que, en un país con medios quebrados, los millones del Estado le servían para disciplinarlos. Noticias comenzó en ese mismo 2003 a denunciar la operación y la respuesta no se hizo esperar. Primero fueron mensajes de seducción: recibir el presupuesto oficial a cambio de ceder su línea editorial. La revista respondió llevando el tema a su tapa: se tituló “El apriete”.
Otro día llegó hasta la oficina de Jorge Fontevecchia, fundador de Noticias, uno de los empresarios que más publicidad oficial recibían, Carlos Avila. El por entonces dueño de América TV, Ambito y TyC le trasladó un ofrecimiento del Gobierno: publicidad oficial a cambio de que dejara de criticar. No funcionó. En palabras de Avila: “Jorge me dijo que no estaba dispuesto a recibir páginas de publicidad a cambio de resignar la independencia. Yo transmití eso al Gobierno y la cosa quedó ahí”.
Así de transparente era todo. El respaldo de la SIP. En 2005, el secretario de Medios, Enrique Albistur, llegó a pedir la prisión de Fontevecchia y otros periodistas de la editorial que reiteraban sus denun- cias públicas sobre, entre otras presiones, el uso de la ya millonaria pauta. Ante la conmoción general (y después de que Horacio Verbitsky reclamara ante Kirchner), Albistur retiró la demanda.
Las denuncias de Noticias no tenían mucho eco en la Argentina, pero sí empezaban a recibir atención internacional.
El martes 1º de marzo de 2005 llegó hasta Editorial Perfil una nutrida comisión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Para nosotros fue tan conmocionante que no pudimos dejar de emparentarla con la misión de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA en plena dictadura, cuando su visita parecía trascendente sólo para las propias víctimas de la represión, y pocos más.
La importancia que la SIP había dado a esa misión se reflejaba en que era presidida por su titular, Alejandro Miró Quesada (diario El Comercio, de Lima). Venía acompañado, entre otros, por Bob Cox, el mítico director del Buenos Aires Herald que, entre tantas vidas, también había salvado la de Fontevecchia al denunciar su desaparición en 1979.
Miró Quesada nos confesó que su tarea estaba siendo más difícil de lo esperado. Los otros medios no mostraban mucho interés por hablar, y quienes lo hacían le pedían discreción por temor a las represalias.
Por su lado, el jefe de Gabinete kirchnerista, Alberto Fernández, les explicó que no había una administración más democrática que la suya, y que la publicidad se distribuía con absoluta equidad. Cuando la SIP le preguntó por qué entonces Noticias no recibía un solo aviso, su respuesta fue tan insólita que todavía causa vergüenza ajena: si ponía publicidad y después la revista se volvía oficialista, “nos van a acusar de que fue por el dinero que recibieron”.
Antes de irse, Miró Quesada dijo algo que nos shockeó: “Ustedes deben iniciar un juicio contra el Estado aunque les cueste años y la situación comercial inicialmente empeore por las represalias del Gobierno. Tienen el deber de hacerlo, porque cuentan con los recursos que no tienen las pequeñas publicaciones del interior, que luego se verán beneficiadas
Todo lo malo que suponíamos que iba a pasar tras iniciarle la demanda al Gobierno nos pasó. siguió la discriminación con la publicidad, y se sumaron presiones a los anunciantes privados, acoso fiscal permanente y amenazas públicas