Educar en derechos humanos, una obligación para Argentina
Con especialistas formados en el mundo académico o en los organismos, se multiplican las iniciativas que buscan transmitir la importancia de entender el pasado reciente de nuestro país.
Con el retorno de la democracia en 1983, la incorporación inicial de los derechos humanos a la enseñanza universitaria se canalizó a través de la reformulación de contenidos en las carreras de derecho. Bajo una concepción restringida, los derechos humanos se entendían entonces como un dispositivo de abordaje del derecho constitucional o internacional, y no eran pocos los que sostenían que debía ser una materia optativa, por tratarse de una rama muy específica del conocimiento jurídico. Para ese entonces, todavía muchos sostenían que los derechos económicos, sociales y culturales expresaban un conjunto de orientaciones programáticas que, más allá de su nombre, estaban lejos de ser exigibles como derechos en sentido estricto.
En los comienzos del siglo XXI, estas discusiones son otras. Los tratados internacionales y regionales de derechos humanos regulan campos tan amplios y variados como las migraciones, la salud, el hábitat, la violencia de género, las comunicaciones, la deuda externa, el comercio y las inversiones transnacionales, mientras mantienen una sóli- da vigencia en problemáticas como la seguridad y violencia institucional.
Para 2016, lejos de entender los derechos humanos como una amenaza a su soberanía, los estados nacionales han creado áreas específicas en el más alto nivel de gobierno para gestionar su implemen- tación. Hay oficinas encargadas de derechos humanos en la mayoría de las dependencias públicas nacionales, provinciales y municipales. Hay Defensorías del Pueblo y comisiones en Legislaturas y Concejos Deliberantes. Se han generado áreas específicas de derechos humanos en los Tribunales Superiores de Justicia, en Fiscalías y Defensorías. A las tradicionales organizaciones de derechos humanos, se han sumado incontables comisiones de derechos humanos en sindicatos, movimientos sociales, clubes, universidades, empresas, cooperativas, etc. Los derechos humanos se han consolidado en los últimos años como campo específico de gestión y como perspectiva transversal de las políticas públicas, además de fortalecerse como