Crece un nuevo foco de tensión entre el ejecutivo y la Justicia
La reforma del sistema de Justicia que comenzará a implementarse en tan sólo dos semanas se transformó en un nuevo foco de tensión entre el Poder Ejecutivo y la Justicia. El 1º de noviembre, una modificación parcial del Código Procesal Penal cambiará la dinámica en los tribunales de todo el país. A partir de esa fecha, los jueces y fiscales deberán realizar maratónicas jornadas de audiencias cada vez que estén de turno con las comisarías. Es el primer paso para un cambio total hacia el sistema acusatorio.
Una ley impulsada por el ministro de Justicia, Germán Garavano, estableció que los detenidos por delitos de flagrancia –los descubiertos in fraganti por las fuerzas de seguridad y con penas de hasta 15 años de prisión– deben ser trasladados a los tribunales en menos de 24 horas para que su situación sea resuelta en una audiencia por el juez de turno. Martín Casares, subsecretario de Política Criminal del ministerio, dijo a PERFIL que la ley “busca dar una respuesta más rápida a delitos simples y revertir la imagen de que la Justicia da soluciones que llegan muy tarde”. Hasta ahora, las comisarías deben llamar al juzgado de turno y el juez debe decidir si la persona queda detenida. Más tarde resuelve su situación. A partir de la modificación, la policía tienen un plazo de 24 horas para llevarlo a una audiencia. Los detenidos se verán cara a cara con los magistrados.
Ayer, la jueza federal María Servini de Cubría se mostró Una ley modificará la vida en los tribunales. disconforme con los cambios y admitió lo que muchos de sus colegas dicen por lo bajo. “Es imposible de cumplimiento”.
A 15 días de la fecha planificada, los jueces y el Gobierno vienen manteniendo reuniones para discutir si podrán aplicarlo. La principal polémica es que los tribunales no podrían alojar a la cantidad de presos, que comenzará a multiplicarse. Sólo en el Fuero Federal, se esperan treinta detenidos más de lo normal d ia r ia mente. En el Fuero Ordinario, se multiplica con creces. Tampoco está definido quién los custodiará y los trasladará: la policía o el servicio penitenciario. Ni dónde se realizarán las audiencias. También está en debate cómo harán los defensores oficiales para garantizar la defensa de todos los detenidos.