En los últimos meses, Vidal desplazó a un agente del Servicio penitenciario por día
La triple fuga, en diciembre del año pasado, fue apenas una muestra de lo que sería para la gobernadora María Eugenia Vidal desarmar el entramado mafioso que opera en las cárceles de la Provincia. Y los datos lo corroboran: en los últimos cuatro meses y medio se desplazó a un agente por día del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y 385 tienen problemas con la Justicia.
La información tiene un anclaje: las más de diez amenazas que sufrieron la gobernadora y sus ministros. El último, el jueves en los Tribunales orales de San Martín, donde se intimaba a Vidal a dejar el municipio. Las hipótesis que barajan en La Plata sobre las amenazas tienen siempre tres ejes: la reforma de la Bonaerense, sectores vinculados al juego y, por supuesto, el Servicio Penitenciario.
Según datos oficiales a los que tuvo acceso PERFIL, ya hubo medidas disciplinarias para 149 efectivos. De ellos, 19 fueron detenidos por delitos como tortura seguida de muerte, administración fraudulenta y venta de droga en los penales. Otros 79 fueron puestos a disponibilidad mientras se les sustancia un sumario administrativo y 19 fueron expulsados. Otros 32 fueron temporalmente separados de su cargo.
A ellos se le suma otro dato inquietante: 385 efectivos tienen problemas en Tribunales. Es que desde que el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, decidió incorporar un certificado de reincidencia para los 23.300 agentes del SPB, se descubrió que existen 52 agentes que tenían condenas penales que no habían sido tenidas en cuenta, y otros 67 tienen causas penales en trámite. Finalmente, otros 61 van camino a juicio oral por distintos delitos.
A ellos hay que sumar otros 215 penitenciarios que están bajo una “probation”, es decir, cuyos procesos judiciales fue- ron suspendidos a prueba.
Los datos se enmarcan en la reforma del Servicio Penitenciario que encargó la Gobernación y que incluye desde auditorías (Asuntos Internos dejó de depender del propio Servicio y ahora depende del Ministerio) al rearmado del esquema de trabajo social y el abastecimiento de insumos en las cárceles.
En todo 2015, m ient r a s Asuntos Internos dependía aún del Servicio Penitenciario, fueron separados de su cargo apenas tres efectivos. La herencia naranja.
En este marco, hoy hay 410 investigaciones en curso por posibles delitos y comenzaron una serie de auditorías preventivas en las que se inspeccionan las unidades penitenciarias para ver las condiciones de trabajo y reclusión. En esas recorridas se monitorean:
El uso de combustible por parte del personal.
Las planillas con las horas extra (por este tema Vidal intervino el área de administración de la Policía Bonaerense).
La confección de informes criminológicos.
La administración de alimentos para internos.
En este marco, otra pata de la reforma tiene que ver con el análisis de las declaraciones juradas de los altos mandos del SPB. Según datos oficiales, se presentaron 1.738 informes sobre 1.910 agentes que estaban obligados a hacerlo.