Obra pública: la ley de transparencia apunta a reducir el “riesgo-Calcaterra”
* En dólares por paridad de poder adquisitivo de Producción que conduce Francisco Cabrera y en especial Lucio Castro, secretario de Transformación Productiva, trabajan en el “modelo Macri” para la industria en los próximos años. Por un lado avanzan en un cambio para la producción de electrónicos en Tierra del Fuego. Hacen equilibrio entre el empleo de 11 mil personas en forma directa en la isla, y el precio de la tecnología que se encarece, según creen, por el régimen de protección nacido con fines geopolíticos décadas atrás. Piensan en diversificar la producción, “en diálogo con sindicatos y empresas”. “Nos afecta en el empleo”, dijo ayer ya Luis Galli, CEO de NewSan, cuando el Gobierno informó que bajará aranceles de laptops para abaratar computadoras. Es un daño menor, por ahora: apenas el 5% de la isla hace esas máquinas.
Junto a la electrónica, la industria textil, el calzado y los juguetes son otros sectores “protegidos no competitivos sobre todo por la competencia China”, 33,03 27,55 3,36 49,0349 36,5136 27,0527 5,875 3,283 dice Alberto Schuster, líder de los equipos de productividad de la consultora Abeceb.
Según el secretario de Empleo, el ex Techint, Miguel Ponte, el sector autos ya está trabajando en “recalificar personal”, y necesita cambiar “para crecer”. “Nosotros tardarmos cinco años en dejar de hacer carburadores, cuando el mundo ya hacía inyección”, rememoró Cristiano Rattazzi, de Fiat.
En cambio, ramas como la textil necesitan “cambiar para sobrevivir”, y habrá que “reubicar personal en las mismas empresas” (ver aparte).
La Argentina, según Schuster, es un país de ingresos medios con baja productividad. “Si el plan del Gobierno es no bajar salarios ni tocar el dólar, deberá ir a un modelo más productivo. La productividad se puede ganar con mejor infraestructura, mejores servicios del Estado y menos costo de capital”, explica. “Porque cuanto más productivo sos, menos costo laboral tenés”, añade. En un almuerzo el jueves al mediodía en el marco del 52º Coloquio de IDEA, el economista Ricardo Delgado, hoy en el Ministerio del Interior, desgranó punto por punto el proyecto de ley para la transparencia en la obra pública que el Gobierno se propone aprobar y poner en funcionamiento el año que viene. Cuentan que cuando los técnicos de la consultora KPMG, que esponsoreó la comida, introdujo el tema, habló de la importancia de evitar casos como el escándalo del Lava Jato que hoy conmueve Brasil. En el fondo, se retorcieron un poco en su asiento los representantes de Odebrecht en el país, cuyo dueño, Marcelo Odebrecht, está preso en el vecino país como parte fundamental de esa investigación.
Lo cierto es que el proyecto, hasta ahora conocido apenas como un “Veraz” de constructores o un simple registro de participantes en licitaciones, es más que eso. Consta de al menos cuatro capítulos. Y sus puntos centrales son:
Publicidad y difusión de todas las obras. Poner en la web todas las obras con seguimiento público para que cualquiera lo pueda chequear.
Eliminar barreras de entrada para culquier proveedor, con la instrumentación de pliegos gratuitos (hoy pueden salir desde $ 50 mil).
Establecer un registro de constructores de obra pública que deba estar actualizado todos los años y al que deberán adherir provincias y municipios.
Todo funcionario que tome decisiones en un área que adjudique una obra deberá excusarse de participar en el proceso si en los últimos tres años él o algún pariente directo trabajó en una de las compañías que se presenta en la competencia.
Algunos tramos parecen pensados para armar un esquema “anti-López”, en referencia al secretario de Obras Públicas del kirchnerismo que terminó tirando bolsos con dólares en un convento. Otros, en cambio, parecieran ahuyentar cualquier duda de un “riesgoCalcaterra” en las contrataciones que vienen, en referencia al primo del Presidente, Angelo Calcaterra, que si bien tiene en venta su compañía Iecsa, no pudo evitar las suspicacias esta semana cuando el Poder Ejecutivo giró fondos para poner en marcha el soterramiento del Sarmiento, obra que tiene adjudicada junto a Odebrecht y los italianos de Ghella.
La norma, hoy discutida con compañìas y sindicatos, se aplicará a todo proyecto con financiamiento total o parcial del Estado nacional, y esperan tenerla lista a fin de mes.