Dos nuevos allanamientos por el sistema de sorteo de los jueces
Los pidió la jueza servini de Cubría, a cargo de la causa. fueron para preservar pruebas ante eventuales hackeos.
También allanaron el Centro de Datos, ubicado en la calle Lavalle. La vulnerabilidad del sistema informático del Poder Judicial volvió a quedar en el centro de la escena esta semana. El viernes, por orden de la jueza federal María Servini de Cubría, se realizaron dos allanamientos a sedes del Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la administración del Poder Judicial, en el marco del expediente que investiga la posible adulteración del sorteo de causas.
Los procedimientos fueron tanto para secuestrar documentación como para preservar prueba que pudiera ser objeto de manipulación tras un posible hackeo del que habría sido víctima el sistema entre el lunes y martes, cuando cayó completamente. “Podría tratarse de un sabotaje directo, a través de un sistema pago para hacer eso”, afirmó la magistrada a PERFIL. La caída del sistema motivó un nuevo mensaje de la Corte Suprema al Consejo de la Magistratura, como los que se vienen sucediendo en las últimas semanas, en el que exhortó al organismo a que “adopte con carácter de urgente” todas las medidas pa ra solucionar “la gravísima situación”.
La causa por la presunta manipulación de sorteos comenzó luego de una denuncia de la diputada Elisa Carrió, que se sumó a otra del Colegio de Martilleros. En el marco de esta investigación, la jueza ordenó en agosto pasado los primeros allanamientos, que evidenciaron las graves falencias en materia de seguridad informática. La semana pasada, la magistrada envió al Consejo un informe en el que hizo saber a sus miembros esas primeras fallas “que se detectaron”, y que también fueron acreditadas por los testimonios de los empleados de las áreas involucradas, “a los efectos de que vayan tomando las medidas correspondientes”.
Los allanamientos del viernes se realizaron en el Centro de Datos y en la Dirección General de Tecnología (DGT) y duraron casi siete horas. Servini explicó que la maniobra que habría posibilitado el hackeo “habría salido de acá (por Argentina), pero vendría del extranjero, de países remotos, que colapsaron el sistema”. La jueza agregó que el ataque “demostraría una vez más la debilidad del sistema informático, que es absolutamente precario, y ha costado 63 millones de pesos”.
La DGT y el sistema Lex 100, del Poder Judicial, son objeto de varias investigaciones judiciales. Además de la investigación de Servini de Cubría, el juez Ariel Lijo debe determinar si hubo irregularidades en la contratación del sistema y su par, Claudio Bonadio, busca saber qué sucedió cuando se sorteó la causa que investiga la muerte de Alberto Nisman, en su llegada al fuero federal.
en la causa ya hay evidencias de las graves falencias en materia de seguridad
Más denuncias. En tanto que esta semana se produjeron dos nuevas denuncias. El jueves fue el propio Consejo de la Magistratura el que denunció la caída del sistema informático. El expediente recayó en el juzgado de Luis Rodríguez, quien ayer requirió una serie de información y convocó a declaración testimonial a tres responsables de las áreas de Seguridad Informática y la DGT. En tanto, el abogado Ricardo Monner Sans, tras recibir una serie de documentación que acreditaba una publicación del diario PERFIL, acerca de los sobresueldos que cobraban empleados de la DGT y que en muchos casos superaban a los de jueces, camar istas, e incluso el propio presidente de la Nación, radicó una denuncia que cayó en el juzgado de Julián Ercolini.