Nuevo modelo
La violencia social y la violencia institucional, en crecimiento y retroalimentación, reclaman nuevas formas de pensar y actuar, y es un nuevo modelo alternativo con enfoque en derechos humanos una de las posibles formas de romper ese círculo vicioso de mayor violencia social e institucional.
La violencia social y sus causas estructurales (económicas, políticas, institucionales) y culturales, que agudizan la tensión entre inclusión y exclusión social –sobre todo de los más vulnerables, esto es personas que no acceden al empleo formal, con trayectorias educativas incompletas, con restricciones de acceso a la salud, a la vivienda– reclaman políticas públicas activas, para la prevención con carácter integral, construida desde los derechos civiles y políticos como de los económicos, sociales y culturales.
La violencia institucional vinculada a la seguridad ciudadana tiene que ver con las policías –corruptas y violen- tas–. Dicha brutalidad policial, regida por criterios de selectividad hacia los más vulnerables, hace que recaiga sobre los jóvenes, pobres, con criterios racistas, entre otros, dándose una sobrecriminalización-desprotección. Sobrecriminalización que surge de la selectividad. Desprotección, de la selectividad a la hora de responder a la victimización.
Del mismo modo, las políticas e instituciones judiciales y penitenciarias impactan en un aumento de la violencia institucional con altos niveles de impunidad frente a la proliferación de abusos de poder, presos sin condena hacinados, plazos de enjuiciamientos irrazonables, casi nulos índices de readaptación social –10 millones, aproximadamente, de presos en todo el mundo–. Cabe destacar el rol del Poder Judicial en términos de la referida sobrecriminalización y desprotección –vg. impunidad de la tortura, generalizada o sistemática–.
Las reformas policiales, judiciales y penitenciarias no han tenido el norte en los derechos humanos; por el contrario, se han inspirado en criterios eficientistas que han deteriorado las policías, poderes judiciales y servicios penitenciarios, inmersos en profundas crisis de funcionamiento y legitimidad ante la humanidad.
Se debe revisar el binomio prevención del delito y Justicia Penal, que está generando confusiones conceptuales de impacto estratégico en los actores que deben liderar el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas involucradas en los planos locales, regionales y del sistema universal.
Reitero que esa retroalimentación de violencia social e institucional reclama la implementación urgente de un modelo alternativo con perspectiva en derechos humanos que reemplace al actual.
Ese modelo integral ha de recorrer diferentes experiencias constitutivas de buenas prácticas, a saber: programas de ciudades justas y seguras; los que impulsan que los gobiernos locales tengan mayor injerencia y responsabilidad en la temática, y el valioso antecedente de la investigación y posterior informe efectuado y publicado de manera conjunta por la Ohchr y la CIDH –por iniciativa de organizaciones de la sociedad civil–, con énfasis en los derechos civiles y políticos en el año 2009.
Mucha normativa internacional y reiteradas recomendaciones de los órganos de tratado y relatores temáticos son incumplidas, pues las políticas públicas y el funcionamiento de las instituciones involucradas –policial, judicial y penitenciaria– han descuidado o despreciado los derechos humanos. *Miembro del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.