Investigan una PC cercana a la ex SIDe por un hackeo a la Justicia
La caída del sistema informático del Poder Judicial, que se produjo a fines del mes pasado, abrió una serie de interrogantes respecto de su posible origen y objetivo. Entre las hipótesis del ataque informático hay sospechas sobre el accionar del espionaje local.
“Lo que tuvimos fue un ataque de denegación de servicio, que consiste en miles de máquinas de todo el mundo tratando de consultar al sistema (www.pjn.gov.ar). Eso es un intento masivo de entrar a la página, lo que genera un bloqueo y una caída del sistema”, explicó a PERFIL Juan Carlos Cubría, administrador del Consejo de la Magistratura. Cubría señaló que el análisis posterior de las IP de las máquinas que atacaron el sistema demostró que “no todas eran extranjeras” y que entre los IP locales estaba uno “ubicado en el área de L.N. Alem, detrás de la calle 25 de Mayo, en las proximidades de la Casa de Gobierno y del edificio de la Agencia Federal de Inteligencia”. Y agregó: “Nos llamó la atención que una de las IP que atacó, lo haya hecho desde una zona muy próxima a un área de un organismo de inteligencia”.
PERFIL publicó hace más de un mes un informe reservado del Consejo de la Magistratura en el que se detectaron graves falencias en el sistema informático. Entre ellas, que el sorteo que asigna las causas a los jueces es vulnerable y pudo ser manipulado.
Consultado sobre los objetivos del ataque informático, que fue denunciado por el Consejo y es investigado por el juez federal Luis Rodríguez, Cubría deslizó que una de las hipótesis “es que haya sido una maniobra para encubrir otro ataque, de distinta naturaleza, que podría ser el verdadero objetivo, pero como no hemos podido hacer ese control de daños no lo podemos afirmar todavía”. Y destacó que el ataque fue pocos días después del incendio de un tribunal en San Martín y que aún se desconoce si los expedientes quemados fueron atacados informáticamente. Hipótesis. Entre las otras hipótesis que manejan está la búsqueda de desestabilizar al Consejo, “a efectos de demostrar aparente ineficacia, para después tomar otras medidas o que alguien tome otras medidas, ya sea Poder Ejecutivo o Corte Suprema”. O también para entrar en el “storage”, que es el lugar donde se archivan las declaraciones de los testigos e imputados en causas de todo el país y que es material que no está encriptado.
En los años que lleva el sistema (Lex 100, cuestionado e investigado en varias causas judiciales) la única declaración que se encriptó fue, por pedido de la jueza Fabiana Palmaghini, la del ex expía Antonio Stiuso, en el marco de la muerte de Alberto Nisman. El proceso demoró unas cuatro horas y se utilizó un mecanismo de doble llave.