Otros jueces, las mismas prácticas
tantos años es por algo. No es que se atornilló a la silla y con una ametralladora no dejaba que nadie se le acercara. Lo fue desde 1995 a 2016. Tres o cuatro gobiernos, le hicieron notas. La alternativa de estar siempre ahí expresa algo y ese algo es el que nos preocupa a nosotros. Ese es el sentido de la investigación que hicimos con el libro. Pensar a la Justicia más allá de los hechos coyunturales. Tecnología, ley y derecho.
—¿Es posible incorporar la tecnología a la vida judicial?
—Sí. No es que no hay tecnología, sino que hay que asimilar la cultura de la burocracia judicial a las nuevas tecnologías. Los jueces todavía citan a las personas con notas, telegramas. Un juez para pedirle otra causa a otro juez no le manda un mensaje de WhatssAp, le manda una
Si Oyarbide fue juez tantos años es por algo. no se atornilló a la silla y con una ametralladora no dejaba a nadie que se acercara
nota que tiene que firmar, y llevársela al otro juez. A partir de allí, el otro juez responderla. Es algo larguísimo y sumamente burocrático, difícil de explicar. Hábitos culturales. Para el fiscal, no se trata únicamente de falta de tecnología. Es la expresión de una ideología sobre el hecho de hacer justicia. Y, también con una ideología.El poder, los poderosos, y las instituciones que mantienen el status quo. "Todo eso tiene que ver con una forma de hacer justicia –explica–, con hábitos culturales. No es tanto la plata que hay que gastar en nuevas tecnologías, sino generar un debate respecto a la reforma intelectual y moral.
—¿Y a nivel general?
—A nivel general, más allá de la tecnología, tampoco creo que todo esto tenga una solución mágica. Sino que llegamos hasta acá por una construcción colectiva. Por eso, el último capítulo del libro se llama “La construcción colectiva de la justicia injusta” porque llegamos hasta ahí por responsabilidad de todos: del poder político, sociedad civil, medios de comunicación, empresarios y del poder judicial. De todos. Y de esa misma manera hay que construir una justicia justa. El manejo de los tiempos de un modo distinto al que contempla la ley, junto a la tolerancia respecto del gobierno de turno y la persecución al saliente, constituyen aspectos característicos de nuestro sistema judicial. Los magistrados se las arreglan para interpretar la ley de acuerdo a sus tiempos personales y para acompañar al gobierno de turno.
No investigar nunca el poder instituido es clave para explicar la supervivencia de la mayoría de jueces y fiscales. Es decir, la aplicación de la ley, que debería ser libre y universal, se mezcla con los intereses particulares de aquellos.
Y esas anomalías trascienden los intereses personales, funcionan como conceptos que permanecen en el tiempo. Cambian los jueces y los fiscales pero no cambian las prácticas (...)
Hay una palabra que hasta ahora no hemos utilizado y no lo hemos hecho por una decisión: la palabra que fa lta es “cor r upción”. Usualmente se la define como el uso de la cosa pública con fines privados. En esa definición yace una reducción, debido a que la corrupción se manifiesta como una acción individual de una persona o, a lo sumo, de un grupo de personas. En el caso del sistema judicial en particular, la corrupción es un fenómeno más complejo y plagado de complicidades en permanente tensión entre el Estado y la sociedad civil (...).
María Ovando estuvo detenida, en 2011, durante 19 meses por la muerte de su hija en Misiones, aunque había fallecido por las condiciones de extrema pobreza en que vivía. Hizo falta que un programa de televisión mostrara el caso para que fuese absuelta (...).
Belén, en marzo de 2014, i ngresó a un hospital a causa de una dolencia estomacal y quedó detenida acusada de homicidio por un aborto espontáneo y luego condenada a ocho años de prisión en abril de 2016, en el tiempo récord de casi dos años.
Irónicamente, Lázaro Báez, fue denunciado por delitos económicos en 2008 y, aunque las pruebas abundaban, recién en 2016, y tras la difusión de un video en un noticiero de televisión que lo comprometía, fue encarcelado.
Algo similar ocurrió con el ex secretario de Obras Públicas, José Francisco López. Desde 2008 la Justicia Federal lo investigaba por el delito de enriquecimiento ilícito. La causa permaneció durante ocho años en una agonía fatal. La Justicia no exculpaba a López, pero tampoco lo ponía en aprietos. Se trataba de una solución clásica y heterodoxa: esperar que el paso del tiempo permitiera que operara la llamada prescripción, que no es otra cosa que un límite que se autoimpone el Estado y que expresa la siguiente idea: si en determinada cantidad de tiempo no hay un resultado concreto, no se podrá continuar con la investigación, ya que no es posible investigar eternamente a una persona. De golpe, López fue hallado escondiendo dinero y todo cambió. López ya no estaba en el poder y la Justicia aceleró enormemente el paso.
Esta breve descripción de Un exhaustivo análisis del desempeño de la justicia argentina. los hechos demuestra, por ejemplo, la rapidez para convertir el drama de una madre en asesinato de su hija, que duró 19 meses y que se detuvo porque se hizo visible ese brutal ejercicio del poder. Algo similar ocurrió con Belén, casi dos años para transformar un drama social en un aborto y también la intervención de actores extrainstitucionales lograron, al menos, hacer visible el caso (...)
Otro tipo de hipocresía rodeó a Lázaro Báez y José López. Sus nombres llenan papeles de expedientes desde 2008 pero la Justicia fue prudente, tan prudente que usó la ley para favorecerlos.
¿Cómo? La ley procesal penal y la ley penal de fondo no son más que un conjunto de reglas para hacer cosas. Para descubrir delitos y sancionar a los responsables. En los casos “Báez” y “López” la ley se usó como excusa para no hacer, es decir, para tolerar. Siempre faltaron más pruebas, siempre faltó el “delito precedente”, siempre faltó algo.
Esa “falta” nunca pudo explicar que un cajero de un banco público multiplicara su fortuna como contratista del Estado o que López tuviese US$ 900.000 en efectivo y que la Justicia no lo percibiera. Esa tolerancia duró hasta que un vecino llamó a la policía, que se topó con los US$ 900.000, y hasta que la televisión mostró un video de los hechos. Se había vuelto intolerable la tolerancia.