La Oficina Anticorrupción le prohíbe a un funcionario ejercer como abogado
Se trata de Juan Marteau, coordinador para el combate del lavado. Se le exige que el estudio que dirigía deje de usar su imagen. el asegura que actúa en el marco de la ley.
La Oficina Anticorrupción resolvió que un funcionario del Ministerio de Justicia, a cargo de coordinar las políticas para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, deberá abstenerse de seguir ejerciendo sus actividades como abogado en los temas vinculados a la materia. Además, tampoco podrá tener como clientes, en cualquier tipo de causa, a personas sospechadas de lavado de activos.
Se trata de Juan Félix Marteau, que tiene el cargo de coordinador nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. PERFIL ya había publicado en noviembre que el organismo que conduce Laura Alonso tenía un expediente abierto para analizar si Marteau tenía un conflicto de intereses. Incluso el funcionario había irrumpido en la sede del organismo en busca de explicaciones. El había desmentido esa información, pero en la OA no la confirmaron ni desmintieron: “Fue intenso”, se limitaron a relatar.
El dictamen firmado el viernes último por Laura Alonso deja en claro que por el tipo de rol que tiene, Marteau no está incurriendo en un conflicto de intereses, ya que él no tiene decisión ejecutiva sobre el tema –como sí tiene la UIF (Unidad de Información Financiera)– sino sólo de asesoría para la definición de políticas. No obstante, en la oficina consideraron que hay “situaciones reñidas con pautas éticas” y que es necesario
El dictamen aclara que Marteau no incurre en un conflicto de intereses. PERFIL había relatado su irrupción en la Oficina Anticorrupción. cumplir con determinados “criterios de prudencia”, ya que hay “principios, pautas y deberes de comportamiento” que se deben seguir en el ejercicio de la función pública. El dictamen cita un documento de la OCDE, que también fue utilizado en el caso de Juan José Aranguren cuando se le exigió que vendiera las acciones de Shell. “Para un funcionario público, tener un ‘aparente conflicto de interés’ puede ser tan serio como tener un conflicto real”. Ser o parecer. Esa es la cuestión.
En la OA, además, señalan que el objetivo de Alonso es que estos casos sirvan como “lecciones para el resto de los funcionarios”. No es casual que este movimiento se dé justo cuando la dirigente quedó envuelta en una polémica por la denuncia de dirigentes vinculados al kirchnerismo por supuesto abuso de autoridad.
El dictamen sobre Marteau también pone la mira en el estudio de abogados que lleva su nombre, del cual él afirma que ya se alejó, aunque la OA dice que seguiría siendo socio. Le insta a que busque los mecanismos para que el estudio prescinda del uso de su imagen, para “evitar confusiones”.
Consultado por PERFIL, Marteau aseveró que “no se verificó ninguna hipótesis de conflicto de intereses en relación a mi vínculo profesional previo con Grupo Clarín, ni con la Fundacion Finint, que fundé hace más de diez años. No podía ser otra la solución. Desde que asumí mi función mi trabajo profesional quedó absolutamente enmarcado en la Ley de Etica Pública”. Y concluyó: “Quienes me conocen saben que mi único compromiso es con el fortalecimiento del Estado en la lucha contra el terrorismo y los crímenes económicos graves. No respondo a intereses financieros ni corporativos de ningún tipo. Continuaré actuando de acuerdo a la letra de la ley y por encima de cualquier interpretación sesgada o infundada que pretenda hacerse sobre el alcance de mis obligaciones.”