Causas pendientes
La Corte debe atender sus cuentas internas, además del 2x1. Denuncias
Hacía mucho tiempo que el Congreso no era protagonista central de la vida institucional del país. Ese rol lo retomó en la semana que pasó cuando, con conciencia política, apuró la sanción de un instrumento legal que clausura definitivamente la posibilidad de aplicar el 2X1 a los condenados por crímenes de lesa humanidad.
La marcha del miércoles fue un hecho contundente. El repudio social terminó de legitimar las críticas a la aplicación del 2x1 que ya habían sido expresadas por la mayoría del arco político y por muchos de los integrantes del Poder Judicial. La aprobación en forma unánime por parte del Congreso de la norma mencionada en el párrafo anterior sirvió para bajarle el volumen político al documento que en la Plaza de Mayo leyeron Tati Almeida, Nora Cortiñas, Lita Boitano y Estela de Carlotto.
Un experimentado juez acostumbrado al diálogo y a la generación de consensos expresó lo que está en la mente de muchos miembros de la Justicia: “El fallo fue desastroso, innecesario e incomprensible. Para ser juez supremo, además de un conocimiento técnico sostenido, hay que tener cintura política. El prestigio de esta Corte se acabó por los tres que votaron de forma extraña”. En los pasillos de muchos tribunales se piensa que Elena Highton de Nolasco –la ministra que junto a sus pares Horacio Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz votaron a favor de otorgar el beneficio del 2X1 al condenado Luis Muiña– deberá hacer malabarismos para permanecer en su cargo porque ahora tiene puesta sobre sí la lupa del bloque peronista del Senado. La especulación política sobre el porqué del fallo y su oportunidad estuvo a la orden del día. ¿Tuvo Mauricio Macri algo que ver con el fallo? Tres fuentes distintas que conocen al dedillo lo que pasa en el seno de la Corte coincidieron en una respuesta: “No”. De todas maneras, el Presidente reaccionó tardíamente. Su rechazo al fallo debió haber sido inmediato. En el interior de la Corte se vive un estado de revuelo como hacía mucho tiempo no se veía. Sobre sus miembros también recae la sospecha de maniobras con trasfondo político. Del lado del presidente del cuerpo, Ricardo Lorenzetti –cuyo voto, que terminó siendo el más razonable en cuanto a los argumentos lo dejó, junto con Juan Carlos Maqueda, mejor parado ante la opinión pública–, parecería demasiado rebuscado pensar el fallo como una jugada para conser var el poder. El día de acuerdo de la Corte, los secretarios letrados acercan a la sala las fojas con las decisiones para su revisión y firma final. No es usual que un juez deje firmado de antemano un fallo de esta envergadura, es decir que todos pudieron revisarlo y firmarlo. Por lo tanto, si algún ministro advirtiera o sospechara una maniobra conspirativa tendría la oportunidad de discutirla con sus pares. Además, los jueces del voto mayoritario no son tan ingenuos.
“Del lado de los tres jueces que conformaron la mayoría –asegura otra fuente de vasto conocimiento de los pasillos de Talcahuano 550– sería un costo muy alto para una maniobra política. Aunque hay quienes miran de reojo su insistencia para tratar el expediente, cuando no había apuro para hacerlo”.
En esa línea dos de los tres ministros que firmaron fueron Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco. Uno fue ministro de Justicia y Derechos Humanos de Kirchner entre 2004 y 2005, la otra, nombrada por el mismo presidente en 2004.
Cuando parecía que el fin de la semana traería alivio para el Gobierno, se reabrió el caso que compromete a Gustavo Arribas. Repasémoslo brevemente. La causa se inicia por una denuncia de la diputada Elisa Carrió, a raíz de una publicación del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, en la que se manifiesta que el actual jefe de inteligencia argentino recibió en cuentas suyas en Suiza por lo menos cinco transferencias por US$ 600 mil de parte de Leonardo Meirelles, operador financiero condenado en Brasil por el escandaloso Lava Jato. La causa cayó en manos del fiscal Federico Delgado y del juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Para demostrar efectivamente dichas transferencias era necesario por lo menos tomar dos medidas de prueba: por un lado, pedir al banco suizo los movimientos bancarios de Arribas y por otro, pedir la declaración del arrepentido Meirelles como testigo. El fiscal Delgado impulsó la investigación y le pidió al juez que se realizaran estas medidas que, sin embargo, no fueron efectuadas. Dos meses después de iniciada la causa, el juez Canicoba Corral sobreseyó a Arribas. ¿Cuáles fueron sus fundamentos? Sostuvo que el fiscal había propuesto “una investigación abierta”, con lo cual faltaba un delito concreto para imputarle a Arribas.
Todo se da en el marco de múltiples investigaciones relacionadas al posible pago de coimas por parte de la constructora brasileña Odebrecht en la Argentina. La causa mayor es la del presunto pago de coimas por parte de la constructora brasileña a funcionarios de nuestro país en el marco del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, a cargo del juez Martínez de Giorgi y el fiscal Franco Picardi. El contrato del soterramiento lo ganó una unión transitoria de empresas que, además de Odebrecht, integraron Iecsa (en ese momento empresa de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri), Ghella y ComsaEMTE. Es curioso que la declaración de Meirelles se dé en la causa que parece ser la menos trascendente de todas, la de Aysa. Por eso será que cuando les preguntaron a los arrepentidos si conocían a Carlos Ben (presidente de Aysa) o si recordaban algo de la planta de Aysa dijeron que no.
Pero lo más llamativo es que no recordaban ningún nombre salvo el de Gustavo Arribas. Es decir, al ser consultados por Julio De Vido, por Ricardo Jaime o por José López (los investigados en la causa a cargo de Martínez de Giorgi) ninguno reconoció conocerlos ni recordar sus nombres. De todos modos, no cerraron la puerta respecto de la participación de ellos; sostuvieron que van a chequear la documentación y ver los nombres.
Todas estas incógnitas deberán ser esclarecidas por la Justicia. Mientras tanto, la situación de Arribas es complicada. La reapertura de la investigación ha sido ordenada por la Sala I de la Cámara Federal en lo Penal y Correccional integrada por el cuestionado juez Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y el subrogante Leopoldo Bruglio. También Elisa Carrió y Graciela Ocaña, flamante incorporación de Cambiemos, pidieron lo mismo. El Presidente está en problemas.
hay quienes miran de reojo su insistencia para tratar el expediente