Lo denunciaron por un prostíbulo y ahora puede destituir jueces
Un camarista federal, acusado por la fiscalía antitrata de personas de tener vínculos con el administrador de un prostíbulo, integra el jurado de enjuciamiento que puede destituir magistrados a pedido del Consejo de la Magistratura.
Jorge Ferro, miembro de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, fue denunciado por la Procuraduría de Explotación y Trata de Personas (Protex) a fines del año pasado, luego de que se encontraran elementos que probarían una relación comercial de él con el administrador de un prostíbulo de la ciudad de la costa atlántica bonaerense.
El prostíbulo fue clausurado, pero el juez sigue en el cargo. La Protex presentó una acusación ante el Consejo de la Magistratura, y el consejero Miguel Piedecasas lleva adelante la investigación. Fuentes del organismo dijeron a PERFIL que la situación del consejero marplatense es “muy comprometida”.
Sin embargo, este diario pudo saber que además de continuar ejerciendo funciones, Ferro es miembro del tribunal que puede destituir a otros jueces. Los integrantes de los jurados de enjuiciamiento son siete, y se designan por sorteo. El mandato dura de marzo a septiembre, es decir que Ferro estará hasta la primavera con posibilidad de influir en la destitución de cualquier magistrado federal, pese a estar acusado de graves delitos. El Consejo ya escuchó la defensa de Ferro, quien aseguró no tener nada que ver con el local comercial en el que eran explotadas 25 mujeres.
Hay una causa en la que Ferro está imputado, que es por tráfico de influencias. En el expediente, hay correos electrónicos entre él y el dueño del prostíbulo y tarjetas de crédito en común, entre otras cosas.
En otras dos causas podría quedar complicado si se termina por demostrar que además de una relación personal, Ferro tenía un vínculo comercial con el prostíbulo, ubicado en una zona cercana a Playa Grande. Una es por trata de personas y la otra por lavado de dinero.
De acuerdo con la denuncia que tramita en la Magistratura, el camarista federal habría sido influenciado en la investigación del prostíbulo por su vínculo personal “y profesional” con Alejandro Ferrarelo, propietario del fideicomiso que se encargaba de administrar el cabaret, y quien también fue procesado.
Para tomar dimensión de la posición en la que está Ferro, si el caso de Eduardo Freiler o eventualmente de otro juez acusado en la Magistratura llegara a juicio político, el camarista sería uno de los que podrían votar a favor o en contra de uno de sus pares del fuero federal.
L o que no podr ía hacer, por razones obvias, es votar en su propio caso, dado que sería recusado de antemano. Sin embargo, el caso del juez marplatense recién podría ser tratado en el plenario del Consejo de la Magistratura que se celebrará en los últimos meses del año.
P r i mer o, el of ic i a l i smo avanzará con las nuevas denuncias contra Freiler, quien está acusado de enriquecimiento ilícito y hace dos semanas se truncó un pedido de juicio político en su contra, para después dar otro paso con otros magistrados, como podría ser el del camarista Ferro.
ferro tenía relación personal y profesional con el administrador de un cabaret