Red de complicidad
Radiografía del delito: víctimas y victimarios. En ¿ Por qué preferimos no ver la inseguridad? Marcelo Sain sostiene que esta cuestión está mal planteada por los gobernantes, los periodistas especializados y la academia, y que esto alimenta lugares comun
Un contubernio es un acuerdo o cohabitación ilícita entre personas o grupos con algún fin político o económico. En la provincia de Buenos Aires, desde la década de 1990 se ha conformado un contubernio entre ciertos sectores de la policía provincial y grupos narcotraficantes, en función del desarrollo de emprendimientos abocados a la adquisición, producción, tráfico y comercialización de drogas ilegales, con la cobertura, legitimación o participación –indirecta– de los gobernantes. Esto indica, entonces, que hay un tercer actor en el contubernio: los gobiernos conformados por políticos que han consentido tal asociación y la han proyectado como un instrumento para construir gobernabilidad en materia de “inseguridad”. Este es, enunciado brevemente, el núcleo de lo que me propongo sostener y fundamentar en este libro, y también el punto de partida para problematizar una cuestión que, si bien puede formularse en términos simples, requiere un abordaje complejo.
Desde hace más de dos décadas, la delegación del manejo de la seguridad en la policía por parte de los gobernantes bonaerenses constituye una forma recurrente de gestión de esta área, y eso llevó a la policía a constituirse en el actor central de esa gestión. En los últimos años, numerosos hechos pusieron en evidencia que la policía –o, si se quiere, la “alta policía”, su cúpula, sus mandos superiores– realizó esa tarea estrechando vínculos con criminales, además de otras peculiaridades. Esto no era una novedad. Ya en las décadas de 1920 y 1930, los dirigentes políticos conservadores pusieron a la Policía Bonaerense –por entonces, con bajo grado de institucionalidad– al servicio de sus acciones políticas y convalidaron que parte de su financiamiento proviniera de la protección del juego clandestino y la prostitución, entre otras ilicitudes.
Desde los años noventa, lo novedoso consistió en que los negocios criminales regulados por ese cuerpo de seguridad, en particular los originados en el narcotráfico, dieron ganancias extraordinarias y que, a diferencia de los años anteriores, la relación entre policías y criminales se inscribió en una forma de gobernabilidad tranquila de la seguridad. Eso equivale a decir que se consolidó una estrategia gubernamental tendiente a evitar que las transformaciones en las modalidades del crimen, los desajustes y anacronismos en las policías y la creciente sensibilidad social respecto de la “inseguridad” se convirtieran en un problema político inasible y desestabilizante. Ahora bien, actualmente, en la provincia de Buenos Aires la inseguridad está asociada al profundo deterioro de las condiciones sociales y económicas de los sectores populares y, en particular, de los más marginalizados. Sin embargo, la transformación del narcotráfico iniciada a fines de los años noventa y consumada durante la primera década de este siglo no está inscrita ni es consecuencia directa de la pauperización social, sino que responde a factores de otra índole, aunque el quebranto social la haya condicionado. Entre esos factores se destacan, por un lado, el crecimiento del consumo de drogas prohibidas entre sectores sociales altos y medios con elevado poder adquisitivo, determinado por el cambio de las pautas de consumo –sobre todo de tipo recreativo– y, por otro lado, la regulación ilegal del propio Estado como una forma de gestión de la criminalidad y de gobernabilidad política de la seguridad pública.
El narcotráfico no sólo se ha expandido en las grandes urbes, sino que se ha reconfigurado como consecuencia de la diversificación del emprendimiento criminal en cuanto a su estructuración espacial y organizacional, y a la ampliación de la disponibilidad y oferta de drogas prohibidas en el creciente mercado interno, procesos que eran evidentes ya a comienzos de este siglo. El rasgo saliente estuvo dado por la formación paulatina, en los grandes conglomerados urbanos –y, en particular, en el conurbano bonaerense–, de mercados minoristas de drogas ilegales –en especial, de cocaína–, cada vez más diferenciados y rentables. Recientemente, la cocaína comenzó a producirse en “cocinas” locales. Estas proliferaron mientras los grupos locales dedicados al microtráfico ganaban destrezas para obtener en países limítrofes la pasta base, trasladarla a las zonas bajo su control, acceder a los precursores químicos y “fabricar” el clorhidrato de cocaína. Esto redundó en la mayor disponibilidad de sustan-
En el GBA la inseguridad está asociada al deterioro de las condiciones sociales y económicas
cia y la ampliación del negocio (...)
La entente político-policial-criminal
El 10 de diciembre de 2015, ante la Asamblea Legislativa, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, postuló como una de sus “ideas centrales” la de “derrotar el narcotráfico”. “Otro de los grandes desafíos que va a tener nuestro gobierno es el de combatir el narcotráfico como ningún otro gobierno lo hizo antes. […] Aunque el narcotráfico ha crecido en los últimos años de manera alarmante, estamos a tiempo de impedir que se consolide, el tema es difícil y complejo, pero vamos a crear los mecanismos necesarios que nos permitan llegar a la solución que queremos”.
Lo que el mandatario parece ignorar (por desconocimiento o por fidelidad a alguna estrategia que le aconseja valerse de la simulación) es precisamente lo que hemos sostenido aquí: que en la Argentina el narcotráfico está estatizado o, dicho de otra manera, es regulado estatalmente. Así, en nuestro país no hay emprendimiento criminal abocado al narcotráfico que no tenga al menos algún grado de protección o cobertura policial, o en el que la policía no participe como un actor central.
Además, esa mecánica cuenta con el consentimiento –directo o indirecto, activo o latente– de los diferentes gobiernos políticos, de derecha o de izquierda, en la medida en que eso les asegure una gobernabilidad serena, calma y sin sobresaltos, que no cuestione de manera radical los intrincados sistemas de la seguridad.
Ahora bien, ¿cómo es posible que una situación tan grave institucionalmente, tan compleja y con consecuencias tan problemáticas se sostenga en el tiempo encubierta por un manto de ignorancia dolosa (como quien “hace la vista gorda”), que atraviesa a la clase política, gran parte de la prensa y la sociedad? ¿Cómo es que los evidentes hechos que día a día plasman el contubernio entre gobierno, policías y narcotraficantes, entre autoridades y cri-
En nuestro país no hay emprendimiento de narcotráfico en el que la policía no participe como actor central