Procesan a ejecutivos por los negocios con el gobierno venezolano
La justicia federal procesó el viernes sin prisión preventiva a empresarios argentinos y los embargó por varios millones de pesos por los delitos de contrabando, lavado de activos y sobreprecios, a raíz de negocios que entablaron con Venezuela, en el marco del acuerdo de cooperación que tenían los dos países durante la era K.
La hipótesis del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky y de la fiscal María Luz Rivas Diez es que esos delitos no se pudieron haber cometido sin el aval de funcionarios de los dos países y pidió un cruce de llamados para averiguar hasta dónde llegó la complicidad del Estado argentino.
La investigación tiene origen en el acuerdo de cooperación integral entre Argentina y Venezuela, pactado entre los ex presidentes Hugo Chávez y Néstor Kirchner y rubricado por el ministro de Planificación Federal Julio de Vido con su par venezolano, en 2004. Se establecía allí un fideicomiso en el Banco Nación a través del cual se iban a intercambiar bienes y servicios entre los dos países.
El juez apuntó a las empresas Laboratorios Esme, Corporación Gulfos y Blue Tel, y sobre esta última dictó la inhibición general de bienes. Las otras dos compañías ya habían sido embargadas, por el eventual daño al Estado que pudieron haber provocado con las maniobras.
El principal apuntado es Juan José Levy, de Laboratorios Esme. En una declaración al diario La Nación hace unos meses, Levy dijo que la acusación era un disparate. En la causa sostuvo que los acuerdos firmados con Venezuela eran todos iguales y que está todo documentado. Un abogado que trabajó para él, también le dijo a La Nación en su momento que había un vínculo entre Levy y José María Olazagasti, el secretario privado de Julio de Vido. Pero el empresario lo negó.
Lo cierto es que la justicia federal procesó a Levy por esos delitos junto a otros familiares suyos y a otros empresarios, y ahora, el magistrado va en busca de indicios que demuestren que hubo respaldo de algunos ex fun- cionarios del kirchnerismo, por tratarse de un acuerdo entre dos países, respaldado con fondos estatales tanto de Argentina como de Venezuela.
Entre los delitos, también el juez Aguinsky detectó simulación de exportaciones y sobreprecios. La investigación seguirá su curso y podría haber novedades en los próximos meses.