Una deuda todavía en default
En el año 2003 comenzó una relación entre el Estado y el periodismo desconocida desde el retorno de la democracia. En una humorada, de muy mal gusto luego de la tragedia de José Luis Cabezas, desde el gobierno de aquel entonces se afirmaba que los mejores periodistas eran los fotógrafos. El silencio valía más que la pregunta.
Editorial Perfil fue la primera empresa de medios que sufrió el destrato. De inmediato se la excluyó de toda publicidad oficial. Luego, a medida que la facción gobernante perdía el barniz de institucionalidad que intentó mostrar en los primeros años, la discriminación se hizo más grave y se extendió a otros que no compartían el relato de las autoridades.
Con cada batalla política que emprendía el gobierno, sus ataques a la prensa aumentaban y la discriminación no se limitó a la pauta publicitaria. Un ejemplo fue la persecución impositiva o los escarnios públicos a distintos periodistas. Parafraseando a Lord Acton, si el poder corrompe, la perspectiva de perderlo corrompió de modo absoluto.
Toda la sociedad se vio afectada por la contaminación estatal del ecosistema de medios. Pero no todos lo sufrieron con la misma intensidad. Por ejemplo, nadie sufrió como Perfil más de diez años sin recibir publicidad oficial.
Además de la pérdida de ingresos y de la imposibilidad de que sus lectores accedieran a los mensajes de interés público, esa discriminación colocó a Perfil en una situación de notoria desventaja competitiva. Mientras se regalaba a los amigos la pauta publicitaria estatal más grande de la historia, Perfil era excluido.
Durante la presidencia de Néstor Kirchner, la editorial inició una acción de amparo para que se pusiera fin a esa discriminación. En el año 2011, la Corte Suprema reconoció la discri- minación sufrida por los medios de la editorial y destacó que la misma configuraba una presión que ponía en riesgo la integridad del debate público.
Dando continuidad a la conducta demostrada con el destituído procurador de Santa Cruz, Dr. Eduardo Sosa, aquel gobierno desoyó en forma deliberada la sentencia de la Corte Suprema. El no otorgamiento de la publicidad oficial se prolongó hasta el año 2015.
En 2013, y luego de considerar no sólo su interés económico, sino también su deber institucional de no dejar impune un atropello semejante a los Gustavo González, Leuco y el abogado Cassagne. Junto a Nelson Castro y Morales Solá declararon en el juicio por discriminación contra esta editorial. pilares mismos de una sociedad democrática, Perfil inició una demanda para obtener la reparación de los perjuicios sufridos.
En esa causa, en trámite ante la justicia contencioso administrativo federal, esta semana culminaron las audiencias testimoniales. En ellas declararon los periodistas Joaquín Mo- rales Solá, Gustavo González, Nelson Castro y Alfredo Leuco.
Todos ellos evocaron el clima general en el cual se producían los ataques a Perfil primero, y al resto de la prensa independiente, después. Sus declaraciones testimoniales recordaron distintas anécdotas que, sin bien fueron trágicas, vistas a la distancia también resultan patéticas.
Los testigos declararon que el ex presidente reconoció tener un problema “personal” con el fundador de Perfil, Jorge Fontevecchia; y cómo después el problema “perso - nal” se extendió a todo aquel que no repitiera el relato del gobierno. Dieron detalles de las presiones de la AFIP, de cómo se “apretaba” a los anunciantes privados, de cómo funcionarios o empresarios vinculados al gobierno hicieron llegar el mensaje de que habría publicidad oficial si se modificaba
Nadie sufrió como Perfil la decisión del gobierno anterior de no darle publicidad
la línea editorial. También se recordó la forma grotesca en la cual el gobierno de entonces se burló sucesivamente de la decisión de la Corte Suprema.
El nuevo gobierno reconoció de modo expreso la gravedad de esta situación (vid. El estado del Estado). Pero ese reconocimiento, general y público, no se tradujo aún en la reparación de los daños sufridos por Perfil.
Más de una década de discriminación y hostigamiento gubernamental por expresar libremente el pensamiento, constituye una violación grave a los derechos humanos que debe ser reparada por el Estado.
Se trata de un default heredado por las actuales autoridades, el cual aún está pendiente de solución.
Mientras tanto, la historia argentina sigue siendo presente en los tribunales.
La actual gestión reconoció la grave situación, pero ello aún no se tradujo en la reparación de daños