Tras el pedido por Milagro Sala, el Gobierno apoyó a la Justicia jujeña
El ministro de Justicia, Germán Garavano, se sumó ayer a la polémica por la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH ), que concedió una medida cautelar en favor de Milagro Sala en la que reclamó “medidas alternativas” a la detención. Defendió a la Justicia provincial de Jujuy y pidió no “politizar” el caso. En tanto, el marido de la dirigente de la Tupac Amaru y su abogada celebraron la decisión del órgano internacional.
“Somos respetuosos de las recomendaciones de la CIDH pero también de las decisiones de los jueces de la provincia de Jujuy”, explicó ayer el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos. Además, evaluó que “el caso no tiene que ser politizado” porque, adujo, “hay una investigación contra dirigentes por fuertes sospechas de corrupción”.
En declaraciones a La Red, Garavano dijo también que “hay un sector vinculado al kirchnerismo que tiene en El ministro de Justicia pidió no “politizar” el caso. Sala una referente política y es razonable que mencionen” las denuncias de presuntas motivaciones políticas. Sin embargo, insistió en que “hay una investigación por varios hechos”.
El viernes por la noche, el gobernador jujeño, Gerardo Morales, había afirmado desde su cuenta en Facebook “el compromiso con la defensa de las garantías individuales para avanzar en el fortalecimiento de nuestra democra- cia”. También compartió una nota que difundió en mayo, donde señalaba: “Milagro Sala se robó todo, muchachos”.
En franco contraste con la prudencia de las definiciones oficiales, el esposo de Sala y su abogada celebraron ayer la definición de la CIDH. Su marido, Raúl Noro, afirmó a FM La Patriada que “ése es el comienzo de su liberación”. Además, recordó que la Comisión “aclara en su resolución que es una líder política” y evaluó que Sala “es la primera presa política que hay en democracia en Argentina, que era un faro en derechos humanos”.
Noro sostuvo además que la definición del órgano interamericano exigía “la libertad y, en caso alternativo, la prisión domiciliaria o a través de algún instrumento electrónico”. Por su parte, la abogada defensora de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, afirmó ayer que “el Gobierno no tiene margen para no cumplir la sentencia de la CIDH”; y evaluó que “la resolución le recuerda al Estado que debe cumplir y para guardar los derechos de Milagro debe adoptar medidas que sean alternativas a la prisión preventiva”.
La abogada sostuvo además que la CIDH no “puede decir que está bien o mal detenida”, pero “lo que dice es que las condiciones de detención tienen afectación a Sala”. Gómez Alcorta cuestionó así las interpretaciones oficiales que habían encontrado en la resolución una confirmación de los procesos penales en su contra.
Sala está detenida en el penal provincial de Alto Comedero desde enero de 2016. En junio recibió allí la visita del presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, tras una invitación del Ejecutivo. La decisión del viernes, sostiene que “su derecho a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable”.