(No) Marche preso
Nadie es culpable. Los delincuentes pobres porque son el producto de la injusticia social, y los delincuentes ricos o enriquecidos porque gozan del manto protector de la impunidad que favorece a los personajes ligados al poder.
Con esa matriz ideológica y complicidades en juego, no sorprende que todos estén libres, ya sea por una Justicia irremediablemente oficialista que especula con un país dividido, ya sea por un gobierno al que le es funcional mantener el statu quo. Por su parte, es histórica la incapacidad de la Justicia para dirimir conflictos, para desarticular las asociaciones mafiosas y para esclarecer muertes y desapariciones en la era democrática.
En cuanto a los otros delitos, más numerosos y no menos dolorosos, durante los últimos meses se libraron batallas desde la sociedad civil que buscaron terminar con la inversión ideológica de la víctima y el victimario, produciéndose avances legislativos pendientes desde el año 1985, cuando la Declaración sobre los principios fundamentales de Justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, emitida por las Naciones Unidas, fue aplicada en la Argentina exclusivamente a las víctimas de violencia institucional mientras que jamás atendió a las de delito común.
La sanción reciente de la Ley 27.372 da lugar a la creación de un Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos que tendrá a su cargo la asistencia en delitos de competencia de la Justicia federal y en los de competencia ordinaria a requerimiento de las jurisdicciones locales.
En otros países, el fiscal acusa y representa no sólo al Estado sino a la víctima. Por esta peculiaridad jurídica, nuestro país debe crear y regular la figura del Defensor Público de Víctimas, cuya función principal es la de brindar asistencia técnica y patrocinio jurídico en procesos penales a quienes sufrieron delitos graves, constituyendo un avance significativo que obliga al Estado a acompañar a las familias sumidas en el dolor y en el arribo de la averiguación de la verdad. Y en respeto al principio de igualdad ante la ley, intenta equiparar los derechos de los imputados, quienes cuentan con un abogado gratuito proporcionado por el Estado con los de las víctimas que carecen, hasta el momento, de patrocinio jurídico.
Increíble pero real, por cuestiones ideológicas el Ministerio Público de la Defensa jamás cumplió debidamente con sus obligaciones de atender a las víctimas, pese a un generoso presupuesto que contempla dicha función.
Para subsanar tardíamente esta asimetría, emitió una resolución en la que se llama a concurso a los aspirantes a los cargos de defensores.
Tras su lectura uno se pregunta si la ley de víctimas es un acto de justicia o todo se limita a una pulseada de cooptación burocrática: en el rubro Antecedentes del concurso, de los cien puntos posibles para la máxima calificación, sólo diez deberán estar necesariamente vinculados al ejercicio efectivo de la defensa.
Tan necesaria como difícil de implementar, la ley contempla la realización de concursos por antecedentes y oposición a fin de que la selección de los aspirantes sea lo más idónea posible. La pregunta es: si las selecciones de los magistrados no son transparentes, y los cargos son premios repartidos entre amigos, ¿por qué razón van a serlo ahora? Y otro asunto más: ¿cómo puede un abogado sacapresos cambiarse de traje y acusar a quien siempre defendió?
Otro hito importante de estos últimos meses fue la reforma de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena: de ahora en más, los condenados de delitos graves no podrán gozar de los beneficios comprendidos en el período de prueba y también se limita la libertad condicional.
Una vez más: la mayoría de los jueces fueron formados en universidades abolicionistas y, como es sabido, es más fácil cambiar la letra de la ley que sanear los hábitos de una profesión que obtiene un rédito económico con las excarcelaciones.
La Justicia es el cáncer de la Argentina, con múltiples metástasis que alcanzan los intersticios menos pensados. En ese organismo enfermo, hoy por hoy los dos puntos claves para mejorar el entramado de la Justicia pasan por recuperar dos instituciones: el Consejo de la Magistratura y la Procuración General. ¿Y el resto? El resto se dará por añadidura (o efecto dominó). Hay que sanear primero estas dos instituciones, porque sin Justicia no hay república, y sin república, caeremos en una nueva forma de totalitarismo. *Doctora en Filosofía y ensayista. Presidenta de la Asociación Civil Usina de Justicia.