Advertencia del gobierno
Dos trenes a alta velocidad chocarán el 1º de octubre, cuando los independentistas voten la secesión de España, en un referéndum que la Justicia declaró ilegal, no cuenta con garantías constitucionales ni será reconocido por la comunidad internacional. El mandatario Mariano Rajoy llamó a las autoridades catalanas a no “subestimar la fuerza de la democracia española”, advertencia que fue respondida por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien le pidió que “no subestime la fuerza del pueblo de Cataluña”.
Más de 700 de los 948 alcaldes de la región exhibieron ayer la fortaleza del músculo independentista y reafirmaron que cederán locales municipales como centros de votación. La fiscalía general de España había ordenado citar a los dirigentes que cooperasen en la “organización del referéndum ilegal” y, en caso de que no comparecieran, “acordar su detención”.
La polarización extrema entre el gobierno central y Cataluña alejó la posibilidad de una salida negociada. Ambos sectores se benefician electoralmente de la “grieta”: el Partido El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, pidió ayer respeto a la Constitución mientras centenares de alcaldes de Cataluña defendían la consulta electoral. Desde Galicia, reclamó que los dirigentes de la Generalitat reflexionen y vuelvan “a la racionalidad y a la legalidad”. Rajoy reafirmó que no habrá consulta porque ésta significaría “la liquidación de la voluntad mayoritaria de los españoles y de los derechos de la inmensa mayoría” del pueblo. Sobre la concentración de alcaldes que apoyan la consulta, Rajoy pidió que “no colaboren en la celebración de un referéndum ilegal” y que “están obligados a cumplir la ley”. Los tres poderes públicos españoles –el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial– están decididos a que el referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional, no se celebre y que sus promotores sean juzgados.