Denuncia de Amnistía

A más de cinco años de un fallo determinante de la Cor te Suprema, “el acceso al aborto legal no es implementado en todo el territor io naciona l”, detalla un informe de Amnistía Internacional. Tan sólo 8 de las 25 jurisdicciones poseen protocolos de atención de los abortos no punibles que se corresponden con los lineamientos fijados por el tribunal. Se trata de Chaco, Chubut, Jujuy, L a R ioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Otras ocho provincias dictaron protocolos que no se ajustan a lo ordenado por la Corte e incluyen requisitos que dificultan el acceso a la práctica. Entre éstas están la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, la provincia de Buenos Aires, Río Negro y Salta.

Por último, ocho jurisdicciones no han dictado protocolo alguno: Catamarca, Corrientes, For mosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. “Más de la mitad de las jurisdicciones del país aún no cuenta con una norma- tiva que asegure, de modo efectivo, el ejercicio de un derecho que las mujeres tienen desde 1921”, resume Amnistía.

“La penalización del aborto impacta negativamente en el acceso a los abor tos legales. El estigma de la interrupción voluntaria del embarazo redunda en obstáculos que dificultan o impiden el acceso al aborto legal, y que empujan a las mujeres a la clandestinidad y a recurrir a métodos de aborto inseguros y riesgosos para sus vidas”, evalúa el informe.