Pobreza y religión
El éxodo de más de 400 mil personas del grupo étnico musulmán rohingya provocó una grave crisis humanitaria y un duro cuestionamiento del gobierno de Myanmar cuya figura más conocida es San Suu Kyi –quien recibiera el Premio Nobel de la Paz en 1991 por sus esfuerzos para restablecer la democracia en ese país. El gobierno de Bangladesh acogió con esfuerzo esta marea humana proveniente del estado fronterizo de Rakhine, pero su capacidad es limitada y solicitó la asistencia internacional. Los refugiados sostienen que el ejército de Burma empujó a la población a emigrar mediante una política de intimidación y destrucción de los pueblos denunciada por el Informante Especial de las Naciones Unidas Yanghee Lee. El Tribunal Permanente del Pueblo (TPP) reunido en la Universidad de Malasia expresó que el gobierno de Myanmar es culpable de “genocidio”. Este tribunal se formó en 1979 en la ciudad de Bologna y el argentino Daniel Feierstein fue el encargado de anunciar la condena de las autoridades de Myanmar.
Myanmar, conocido como Bur- ma hasta no hace mucho tiempo, es un mosaico de infinitos grupos étnicos. Un año antes de obtener la independencia de Gran Bretaña en 1948, tuvo lugar la Conferencia de Panglong donde acordaron integrar la Unión de Burma pero suscribiendo el derecho a retirarse. En 1962, el general Ne Win terminó con la democracia y proclamó el camino a la revolución socialista liderada por el Consejo de la Revolución. Uno de los principales objetivos era garantizar la unidad del país y someter a las minor ías a l control centra l. Los rohingya están ubicados en el estado de Rakhine reclamado por Pakistán cuando Bangladesh formaba también parte de ese país. En 1982 el gobierno militar reconoció a 135 minorías étnicas con derecho a la ciudadanía: los rohingya fueron excluidos por considerárselos proclives por su religión a favorecer la secesión para unirse a Bangladesh. Los militares burmeses consideran que representan a la nación y que son custodios de la unidad y nunca aceptarían la divi- sión para otorgárselo a los rohingya u otro grupo.
La líder San Suu Kyi convocó a una Comisión sobre el Estado de Rakhine conducida por Kofi Annan que emitió sus recomendaciones el 25 de agosto, el mismo día en que el Ejército de Salvación Rohingya perpetrara 25 atentados contra unidades militares de Myanmar. Estos hechos fueron el detonante de las represalias contra la minoría musulmana exigidas por sectores religiosos nacionalistas budistas.
Los representantes de Bangladesh y Myanmar utilizaron la Asamblea General de las Naciones Unidas para ventilar sus diferencias. La primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, denunció que había recibido 800 mil refugiados que sufrieron todo tipo de vejaciones y reclamó la intervención del organismo para encontrar una solución a la larga crisis de los rohingya. La primera ministra Hasina dijo en el mismo discurso que el ingreso per cápita será de 1.600 dólares al final de este año. El vicepresidente de Myanmar, U Henry Van Thio, descargó la responsabilidad en el grupo terrorista ARSA por la situación en el estado de Rakhine afirmando que “necesitaban descubrir las razones de este éxodo” y que estaba preparado para iniciar el proceso de verificación para recibir a los desplazados. El ingreso per cápita de Myanmar es de 1.400 dólares.
La minoría musulmana rohingya está atrapada en una sutil disputa entre dos países que a pesar de los avances de los últimos años sólo tienen en común la pobreza. Myanmar que recientemente recuperó la democracia tutelada por los militares todavía debe dar una respuesta para contener a su centenar de minorías reticentes a entregar sus armas y reconocer al gobierno central. Todos estos conflictos son aprovechados por grupos nacionalistas religiosos de un lado y otros más interesados en preservar su poder que en encontrar la forma de solucionar los problemas de la pobreza. Myanmar pertenece al organismo regional Asean que hasta el momento ha preferido aferrarse a su principio de no intervención. Mientras tanto los rohingya esperan. *Embajador.