El gobierno busca asegurar el apoyo de los religiosos ultraconservadores
En menos de 24 horas, Donald Trump aplicó un golpe doble para beneplácito por los sectores religiosos conservadores: amplió las categorías de empleadores autorizados a optar por no proporcionar servicios de control natal gratuitos a los trabajadores, y emitió amplias disposiciones sobre libertad religiosa que podrían anular muchas medidas que protegen al colectivo LGBT y otros de la discriminación.
En momentos en que enfrenta problemas en diversos frentes, las dos directrices –emitidas el viernes casi de manera simultánea– muestran el afán del presidente por retener la lealtad de los sectores conservadores, que conforman parte crucial de su base de apoyo y que no ocultaron su alegría por las disposiciones.
“El presidente Trump está demostrando su compromiso de deshacer las políticas del gobierno anterior que atentan contra la fe y de restaurar la verdadera libertad religiosa”, afirmó Tony Perkins, presidente del Consejo de Investigación de la Familia.
Por el contrario, defensores de derechos LGBT y reproductivos fueron críticos. “El gobierno de Trump les está diciendo a los empleadores: ‘Si quieren discriminar, los apoyamos’”, declaró Fatima Goss Graves, presidenta del Centro Jurídico Nacional de la Mujer. Guerra cultural. Las dos directrices estaban siendo elaboradas desde hace meses, y los activistas de ambos bandos de una guerra cultural se mantuvieron muy pendientes acerca de sus detalles y del momento en que serían promulgadas.
La normativa sobre la libertad religiosa, emitida por el secretario de Justicia Jeff Ses- sions, ordena a las agencias federales que hagan cuanto les sea posible para atender a quienes consideren que su libertad religiosa está siendo infringida.
La nueva norma podría afectar a millones de mujeres cuyos métodos anticonceptivos eran hasta ahora reembolsados por sus empleadores bajo el Obamacare, ley a la que Trump se opone ferozmente y prometió derogar.
Con la medida, los objetores religiosos no deben demostrar que son sinceros en sus creencias sobre el matrimonio u otros temas que influyen en diversas actividades.
“Salvo en las circunstancias más extremas, nadie debería ser obligado a elegir entre vivir su fe o cumplir la ley”, escribió Sessions.
Según la disposición, las organizaciones religiosas pueden contratar a trabajadores en base a sus creencias y a que el empleado se muestre dispuesto a “adherirse a un código de conducta”.