Impacto en inversores por los conflictos con pueblos originarios
En medio de la negociación entre el Gobierno y la comunidad mapuche tras la muerte de Rafael Nahuel en un operativo en Villa Mascardi, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina, Mariela Belski, señaló que existen 250 reclamos –la mayoría territoriales– de los pueblos originarios frente a gobiernos, empresas y la Justicia. Y señaló que reciben consultas de empresas interesadas en invertir en esas zonas conflictivas.
—¿Cuánto influyen los intereses económicos y la agenda de inversión en estos conflictos?
—Mucho. Sobre todo cuando Argentina necesita y promueve proyectos de inversión. Muchas de estas tierras son explotadas o podrían serlo por diversas industrias, y definitivamente estos intereses colisionan con derechos constitucionales que les son propios a estas comunidades. La conflictividad existente desalienta cualquier tipo de inversión, y en ese contexto para el Gobierno las comunidades son un problema. Una aseguradora de riesgo extranjera nos consultó sobre el conflicto indígena, porque debía asesorar a una empresa con intereses en desarrollar actividades en el Sur.
—¿Cuáles son los casos más relevantes?
—Un caso emblemático es la explotación de la formación petrolera Vaca Muerta, asentada en parte sobre territorio de la comunidad indígena Lof Campo Maripe. La falta de consulta previa y consentimiento libre, previo e informado con la comunidad desencadenaron en un conflicto por la reivindicación de los derechos de más de 27 comunidades indígenas de la zona. En septiembre de 2014, YPF anunció que producía en el lugar 20 mil barriles diarios de shale oil. A partir de entonces, la comunidad Campo Maripe comenzó a padecer un proceso de hostigamiento y persecución. Se observa una falta de cumplimiento por parte del Estado nacional y provincial del derecho a la consulta previa y consentimiento libre de las comunidades.
—¿Cómo ven la negociación y las condiciones que pone el Gobierno con la comunidad mapuche?
—Celebramos la convocatoria al diálogo constructivo. La solución de este tipo de conflictos mediante la intervención de la fuerza no es la respuesta que debe dar el Estado. Este tipo de estrategias escalan el conflicto y no lo resuelven. La mesa de diálogo integrada por funcionarios del Gobierno, referentes mapuches y el Obispado estaba convocada para el 27 de noviembre, pero lamentablemente los días 23 y 25 de noviembre la Prefectura Naval Argentina (PNA) se desplegó en terrenos ubicados sobre el kilómetro 2006 de la Ruta Nacional 40. Estos operativos derivaron en la muerte de Rafael Nahuel y varios heridos.
Esto no es algo que sucede en esta gestión, la gestión anterior también avanzó lento.