“Nisman elogiaba a cfK”, dice rafecas
El juez, entrevistado por Fontevecchia.
—¿Cuál es su opinión sobre la remoción del camarista Eduardo Freiler?
—El doctor Freiler fue superior mío a lo largo de los 13 años en los cuales trabajé como juez federal. Al mismo tiempo, como es de público conocimiento por la situación que atravieso ahora como magistrado, son los mismos actores los que tienen que resolverla, así que me encuentro en una situación que no me permite emitir una opinión al respecto. —¿Y sobre la renuncia de la procuradora Gils Carbó?
—Fue sorpresiva su renuncia. Al menos en los ámbitos profesionales y académicos en los cuales me muevo, no hubo ningún adelanto, ningún indicio de que pudiera tomar una decisión así. Me pareció abrupta, muy sorpresiva.
—¿No era esperable, a su juicio, que finalmente ella tuviera que renunciar?
—Evidentemente estaba atravesando una situación compleja, delicada, desde lo institucional y desde lo legal. Pero al mismo tiempo, lo que ella había dejado trascender en los meses previos, era que iba a continuar en el cargo por la importancia de los equipos de trabajo que ella sostenía desde la Procuración. Por eso fue sorpresiva la remoción. Sé que ahora está a cargo el doctor Eduardo Casal, un funcionario de carrera de la Pro- curación, un profesional muy serio, respetado, equilibrado, al cual conocí antes de asumir como juez. Trabajé con él en la Procuración General, allí lo conocí.
—¿En la época de Esteban Righi?
—Claro, la época del procurador Righi. Con la doctora Gils Carbó licenciada por razones de salud, la Procuración y el Ministerio Público Fiscal está siendo conducido por un funcionario muy competente. Provisoriamente, hasta que designen al nuevo procurador, o procuradora.
—¿Cree que detrás del llamado del Consejo de la Magistratura por su fallo sobre la denuncia de Nisman se
esconde alguna intencionalidad política?
—No me consta. Y le diría más; hace dos años que trabajo mientras desarrolla su gestión el nuevo gobierno y personalmente, como juez, desde el punto de vista formal o institucional, nunca tuve, hasta el jueves pasado, ni un solo gesto de parte del ministro de Justicia, del Interior, de Seguridad o de cualquier otro. Ni un solo señalamiento crítico hacia mí, o hacia un fallo del juzgado. Este es el primer hecho, y yo lo debo juzgar como un hecho aislado. Por lo tanto, no puedo emitir una opinión acerca de posibles intencionalidades políticas.
—A ver si lo interpreto bien, ¿usted lo toma como algo que puede no tener intencionalidad política?
—Sí. No tengo por qué asignarle o teñirlo de esa intencionalidad. Formalmente no tengo elementos para sostener algo así.
—El secretario de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el jefe de asesores de Casa Rosada, José Torello, habrían recibido felicitaciones del Presidente por la remoción de Freiler, y estarían propulsando ahora su remoción.
—A mí, como magistrado, no me consta ni lo uno ni lo otro. Este trascendido de la felicitación presidencial la he leído en algún medio. Me parece una actitud un tanto inadecuada. Pero se trata de un rumor, tampoco podemos darlo por cierto.
—¿Hostigó usted a quien lo denuncia en el Consejo de la Magistratura, el diputado oficialista Waldo Wolff, para que no lo critique en los medios?
—Es uno de los elementos secundarios que están en el dictamen acusatorio que se propició el jueves pasado. Tiene que ver con que, en marzo de 2015, después que desestimara la denuncia de Nisman, este señor que hoy es diputado nacional, dijo públicamente que yo, como juez, había faltado a la verdad a partir de la aparición de dos documentos firmados por Nisman en diciembre de 2014, absoluta- mente contemporáneos con la redacción de la denuncia, en donde hablaba bien del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, en una visión opuesta a lo que trascendía de la denuncia. Este contrasentido a mí, como juez, me generaba perplejidad. ¿A cuál de los dos Nisman debía creerle? Pero el señor Wolff sostenía, y lo sigue haciendo, que yo falté a la verdad porque esos documentos estaban desfasados, eran anteriores y yo, sabiéndolo, de todos modos los introduje en mi resolución. Pasaron dos años, esto se investigó en el Consejo de la Magistratura y se probó que, efectivamente, esos documentos, habían sido firmados en diciembre de 2014. En diciembre de 2016 vino a declarar a la sede del Consejo Armando Antao Cortez, uno de los secretarios letrados de Nisman, y confirmó que esos documentos fueron firmados ante él, en diciembre de 2014 y que además había firmado otros en octubre y en noviembre. Lo cierto es que en esos documentos, contemporáneos con la redacción de la denuncia de 300 páginas que había sido preparada antes de presentarla porque Nisman estaba de viaje, hablaba elo-
“Estudié las 300 páginas de la denuncia de Nisman y sigo convencido de que mi decisión fue la correcta.” “Zaffaroni dice que hay revanchismo, pero nunca tuve gestos negativos del Gobierno: no coincido con esa visión.”
giosamente del gobierno de Cristina Kirchner, y citaba el discurso que la ex presidenta había dado en Naciones Unidas en septiembre del 2014, tres meses antes. Cuando veo que este señor Wolff, a quien yo conocía, en nombre de la dirigencia comunitaria, porque además es ex presidente de la DAIA, públicamente me acusaba de faltar a la verdad, lo llamé para pedirle explicaciones. “Por qué decís semejante barbaridad? Esto no es así”.
—¿Pudo limar asperezas con Wolff?
—Para nada. Lo que quería era que dejara de difamarme. No lo logré. Hasta el día de hoy, pese a que lo del documento de Nisman quedó demostrado, este señor insiste en repetir lo mismo. Fue una conversación acalorada, muy áspera, pero en ningún momento alcé la voz, ni lo insulté, ni mucho menos lo amenacé. Esta es una de las cuestiones por las que deberé dar explicaciones el próximo jueves.
—¿Y qué espera que ocurra el próximo 7 de diciembre, cuando se presente en la Magistratura?
—Como funcionario de la carrera judicial de treinta años, como juez federal y como docente universitario, siempre confié en las instituciones democráticas. Tengo fe en que los mecanismos previstos por la Constitución mantengan el equilibrio de fuerzas y las tensiones entre los distintos poderes de Estado, y permitan resolver este conflicto de la mejor manera, y que se archiven estas falsas acusaciones. Por supuesto que voy a hacer uso del ejercicio de la defensa. Voy a exponer mis puntos de vista como juez. La mayoría serán cuestiones técnicas y jurídicas, pero además voy a responder a todas las preguntas, de modo tal de aclarar todas las dudas y despejar todos los prejuicios.
—Es optimista.
— Siempre lo soy. Lo fui cuando asumí, en 2004, y tenía por delante el enorme desafío de la reapertura de las causas por delitos de Lesa Humanidad. Usted lo conoce bien porque es una de las víctimas reconocidas por el juzgado.
—Sí, por supuesto, tuve que declarar en su juzgado.
— Casualmente hace dos días tomé personalmente una declaración muy importante de un suboficial de Gendarmería que está colaborando con la instrucción, de apellido Talavera y recordaba su paso por El Olimpo en 1979. Era un momento en el cual había pocos detenidos-desaparecidos.
—Sí, el Olimpo fue el último centro de detención clandestino del Ejército que se cerró poco después de mi detención (N. de R.: quedaban pocos detenidos porque asesinaron a 650 de los 700 que pasaron por el Olimpo).
—El recordaba su nombre como detenido clandestino, después puedo alcanzarle una copia de la declaración. En 2004, cuando asumí el cargo, había un coro de personas, de distintos ámbitos y procedencias, incluyendo los abogados de los imputados, que penaban que esa reapertura de los procesos iba a durar un suspiro, hasta la elección de medio término, a lo sumo: que no tendrían el aval de la sociedad, que se caerían. Pero fui optimista y eso me ayudó.
—¿Hasta ahora con el optimismo le fue bien?
—Sí, tanto en el plano personal como en el plano profesional; y esta instancia, a la cual ahora me voy a enfrentar, no es la excepción.
—¿Es cierto que, en algún momento, le hizo saber al Gobierno que aceptaría una sa- lida elegante, que le gustaría ser defensor ante la Corte?
—No lo hice saber directamente. No tengo por qué hacerle saber nada a nadie. No tengo relación con el Poder Ejecutivo y nunca la tuve con ningún gobierno. En ese sentido hay una distancia y un respeto, por lo menos en mi juzgado, con todos los poderes políticos sucesivos. Cuando asumí el cargo también asumí un compromiso con los colectivos de sobrevivientes y familiares del terrorismo de Estado.
—¿La megacausa del Primer Cuerpo de Ejército es la más grande que haya instruido un juez?
—Es la más grande, sin duda. Hemos reconocido judicialmente casi dos mil víctimas y unos 200 acusados, de los cuales la mitad ya están condenados. Se han ido elevando a juicio, por tramos, algo así como de treinta centros clandestinos que funcionaron en el marco de la causa del Primer Cuerpo de Ejército. Durante los últimos cinco o seis años tuve oportunidades de anotarme en otros concursos para seguir avanzando en la carrera judicial, pero elegí no hacerlo porque sentía que tenía que cumplir. Pero ahora siento que, después de 13 años de trabajo, estoy en condiciones de aspirar a otro cargo. Por eso es que me decidí y, cuatro o cinco meses atrás, me anoté en un concurso para defensor adjunto ante la Corte Suprema. Un cargo atractivo, desde lo profesional y lo académico. Es un interesante desafío profesional, un progreso.
—Pero yo leí que a usted se le criticaba por decir que aspiraba a un cargo cuyo concurso ni siquiera se había abierto.
—El concurso se abrió, estuve un mes para reunir mis antecedentes y los presenté. Se anotaron algo así como cincuenta aspirantes a tres cargos de defensores. No tengo nada ganado, tengo que competir con otros 49 colegas. Lo que no se abrió fue la instancia de evaluación, que creo se hará en febrero.
—¿Qué opina de la filtración de las fotos y del video de la detención de Amado Boudou?
—Son cuestiones que no deberían suceder, sobre todo porque se obtuvieron en la privacidad del domicilio. Hasta donde sé, hay una investigación penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y, en el marco de esa investigación, es posible que aparezcan los responsables. Fue algo que generó escándalo, polémica, y fuertes críticas que contribuyeron a empañar lo que era un proceso llevado dentro del marco de legalidad.
—¿Qué diferencia hay entre los embates que recibió entre 2004 y 2009 por llevar a juicio al ex presidente Fernando de la Rúa y otros funcionarios radicales por la causa de los sobornos en el Senado, y estos actuales?
—Cuando asumí, en 2004, le di impulso a la investigación relacionada con el pago de los presuntos sobornos en el Senado por la sanción de la Ley de flexibilización laboral de 2000, durante el gobierno de la Alianza. Recordemos que allí hubo un arrepentido, Mario Pontaquarto, que en el 2013 había confesado. A mí, como juez de instrucción, la confesión de Pontaquarto me pareció sólida, convincente. Nosotros, con el equipo de trabajo del juzgado de la Secretaría 6 del Fuero Federal 3, hicimos un trabajo exhaustivo junto al fiscal Garrido y Federico Delgado, que era fiscal de la causa. Encontramos llamados telefónicos, contactos, testimonios que corroboraron la versión que había dado Pontaquarto.
—¿Se trataba de un arrepentido cuyos dichos, como en el caso del Lava Jato, luego se confirmaban con pruebas?
—Sí, por supuesto. A medida que fuimos avanzando en la investigación, citamos a indagatorias a los ex senadores y los funcionarios involucrados. Los procesamos y los elevamos a juicio. Hubo, sí, una serie de estrategias de hostigamiento hacia el juez. Denuncias en el Consejo de la Magistratura con la intención de generar presión que venían, claramente, de sectores políticos.
—¿De representantes radicales en el Consejo?
—Básicamente, sí. Esto pasó entre el 2004, 2005 y hasta 2009, que fue la elevación del caso. Luego tuve un segundo episodio con el Frente para la Victoria, con el caso Boudou, que fue en 2012. A cuatro meses de la reelección de la ex presidenta.
—¿Qué comparten aquellos embates de 2004 al 2009 con el radicalismo y los de 2012 con el kirchnerismo, y en qué se diferencian aquellos dos de éste con el macrismo?
—La diferencia evidente es que, en aquellos casos, las denuncias al Consejo no llegaron a prosperar hasta la instancia que atravieso hoy: que la Comisión de Disciplina y Acusación me cite para darle explicaciones. Antes, en un caso como en el otro, estaban ahí latentes, pero nunca se cerraban. Eso sí, aparecían trascendidos todo el tiempo en los medios.
—¿Cuáles son los argumentos y las diferencias entre la Cámara de Casación Penal, que ordena reabrir la causa de la denuncia de Nisman, y la Sala 1 de la Cámara Federal, que había rechazado abrirla?
—La denuncia de Nisman gira en torno al Memorándum con Irán, que se firmó en enero del 2013. Como sabemos, ese Memorándum, no vio la luz, no entró en vigor, Irán nunca lo aprobó, no se procesaron las cartas reversales. Ese Memorándum quedó trunco, no se convirtió en un acto jurídico y, por lo tanto, no pudo producir ninguno de los efectos que, supuestamente, podía tener. La mirada que tuve como juez, y que también la tuvieron la Cámara Federal y el fiscal de la Casación, es que era imposible que el Memorándum se convirtiera en un acto jurídico, y, por lo tanto, pudiera generar algún efecto.
—¿Por qué sería imposible que los generara?
—Porque habían pasado dos años e Irán abandonó su interés en la firma del Memorándum en 2014, la misma Cámara Federal había declarado inconstitucional el Memorándum y le prohibió al Poder Ejecutivo avanzar en las siguientes etapas hacia un supuesto acuerdo.
—¿No alcanza con la intención de cometer un delito para ser culpable?
—Lo que vale es el ordenamiento jurídico. En un Estado de Derecho, la mera intención no basta para configurar delito. Tiene que haber también una cuestión material, objetiva, que ponga en peligro un valor, un bien jurídico.
—¿Qué pasa si una persona no alcanza a consumar un delito, pero lo intenta, y hay sobrada prueba de que ése era su objetivo?
—En Derecho Penal hay tres etapas sucesivas. La primera es la preparación del delito. Supongamos que a una persona se le ocurre cometer un robo, acá en su editorial. Comienza la planificación, busca la dirección por internet, estudia las entradas, convoca a otros, compra sogas, elementos y tiene toda la intención de producir el robo. La policía los detiene y no hay delito, porque esa es la etapa de preparación. El delito punible comienza con la ejecución misma del delito. Pero si,
“Si es cierto que en la Casa Rosada festejaron como un gol la remoción de Freiler, me parece una actitud inadecuada.” “La filtración del video de Boudou es un tema muy grave, porque se obtuvo en la privacidad del domicilio.”