Ganadores y perdedores del acuerdo Mercosur-Ue
Aunque los cambios serán paulatinos, se discute una baja de aranceles, salvaguardas para sectores sensibles y un régimen de compras estatales. Bruselas presiona con el agro.
La Argentina va a jugar de mediador en la reunión ministerial (MC11) de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que empieza esta tarde en el Centro de Convenciones de Buenos Aires con la inauguración a cargo de Mauricio Macri y el titular de la OMC, Roberto Azevedo.
“Más comercio, más producción es más trabajo, más bienestar. Por eso queremos más multilateralismo, no menos”, dijo ayer el canciller Jorge Faurie, para un encuentro donde no se esperan grandes resultados sino un mensaje final a favor de los acuerdos que se diferencien del proteccionismo de Trump y el Brexit.
La apuesta del Gobierno para salir con un anuncio del encuentro es que se llegue a buen puerto en la negociación por el libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. En el escenario optimista significa llegar a un “acuerdo político” y anunciarlo en la MC11 para firmar un texto general en Brasilia durante la Cumbre del Mercosur, el 21 de diciembre.
Lo que se negocia (desde 1995, con una pausa entre 2004 y 2010) es acceso a mercados y se busca que las exportaciones europeas no perjudiquen a las industrias del Mercosur, que presiona por el ingreso de alimentos al Viejo Continente. Hoy el gobierno argentino sostiene que la negociación se aggiornó. “No le vamos a vender carne y leche a Europa. Lo que tenemos que hacer es pensar en una producción global. Que una marca argentina le pueda vender a Europa, fabricando incluso una parte en China”. Esa idea no es compartida por los sectores industriales, que mantienen sus dudas sobre el impacto. También Greenpeace cuestiona la teoría oficial: estimó que las exportaciones del Mercosur podrían crecer hasta 200%, lo que implicaría más deforestación en el Amazonas y el Chaco de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay.
En la última reunión en Bruselas, la UE pidió acceso al mercado a sus vinos, espumantes, aceite de oliva y lácteos para cerrar el acuerdo. Esta semana los ministros tendrán una chance para llegar a un punto común. Hay una ventana de oportunidad que se cerraría con el recam- bio de funcionarios de Brasil por las elecciones de octubre.
Cobertura. Uno de los puntos en discusión es el universo de productos al que se le baja aranceles. El Mercosur presentó ofertas por el 80% y Europa pide que sea el 90%. “En algún lado en el medio vamos a cerrar”, señalan en el Gobierno. Los sectores sensibles quedan fuera, como algunos textiles, marroquinería o químicos.
Plazos. Por otra parte, el acuerdo contempla “canastas de desgravación” que definen en cuánto tiempo se bajan los aranceles a cero. El plazo máximo es del 15%. Hoy el 50% de las canastas de bienes tarda 15 años, según la propuesta del Mercosur. La Unión Europea pretende que aumente la proporción de los productos que bajan aranceles en diez años. “No hay riesgo inminente pa- ra ningún sector”, sostienen en el oficialismo.
Propiedad intelectual. Uno de los puntos en discusión se basa en las patentes y la “protección de datos”. La UE aspira a cinco años de protección pero el Mercosur se opone porque “generaría un monopolio durante ese plazo” si un laboratorio europeo desembarcara con una nueva fórmula, por ejemplo.
Agroquímicos. La negociación es similar. Las empresas del sector piden exclusividad de patentes, algo que el Mercosur productor de alimentos se niega a otorgar.
Denominación de origen. Hay productos que llevan su nombre por la región en la que se producen: el Roquefort es sólo el queso francés, mientras que el resto del mundo adoptó la denominación de “queso azul”. La UE reclama 350 denominaciones exclusivas y se le darían unas
250. Las cien restantes siguen en un conflicto marcario, porque los nombres ya se utilizan en la Argentina por otros motivos. Por ejemplo, el vino de “La Rioja” en Argentina y “Rioja” en España, dos regiones productoras del mismo nombre y distintas características. Compras públicas. El acuerdo UE-Mercosur contempla el trato nacional para las empresas de las dos regiones, lo que quiere decir que pueden participar de las compras estatales. El acuerdo no puede fijar normas provinciales o municipales, porque el Gobierno no tiene potestad para negociar por esos distritos. Las grandes constructoras y energéticas europeas pueden dejar fuera de carrera a las locales en una licitación. La ley de compre nacional les da una preferencia del 15% a las pyme. “En el caso de obra pública, se pueden fijar límites para que las empresas extranjeras participen a partir de un determinado monto”, explicaron fuentes oficiales sobre las alternativas en danza.
Triangulación. Uno de los riesgos que marcan los in- dustriales es que entren bienes asiáticos a través del acuerdo con la UE después de un agregado mínimo de valor europeo. “Los textiles piden que se ponga una regla que se conoce como yarn forward, que es del hilo en adelante. Pero la producción europea ya se basa en proveedores asiáticos. No podemos exigir eso”, explicó un funcionario, que agregó que se analizarán los casos sectoriales en la letra chica.
El acuerdo, si se firma, tiene dos años para tener el visto bueno parlamentario.