Justicia y utopía del país normal
Los argentinos somos únicos. Unicos porque vivimos en un país naturalmente rico, con un Papa peronista, una reina, un guerrillero reconvertido en el mayor ícono pop de la historia, el mejor futbolista del presente y el mejor futbolista de todos los tiempos.
No es un atributo solo argentino. Todas las sociedades se consideran únicas, dignas de estudio, poseedoras de atributos que rompen la normalidad internacional.
Pero también nos consideramos únicos porque vivimos en un país con inflación permanente, con multicorrupción política y con un partido como el peronismo que parece incomprensible para el resto de la humanidad.
Y son las características oscuras de nuestra supuesta inimitabilidad por las que no quisiéramos ser destacados (aunque cierto masoquismo nos indique que también eso puede ser señal de distinción). De allí que se intente construir la utopía de “El camino hacia un país normal”: resolver aquellos aspectos negativos que nos vuelven malamente anormales, para unirnos al resto de las naciones “normales”, representación simbólica de los grandes países exitosos y desarrollados.
Aunque la normalidad uruguaya sería un paso adelante. Utopía vs. pornografía. Aceptemos entonces, al menos por lo que dura esta columna, la excepcionalidad argentina. Y pongamos la vara alta de lo que se debería cambiar para ser un país normal, tomando por ejemplo a la Justicia. Porque así como está, la que tenemos no pasaría un test de “normalidad”.
El nivel de dependencia de los jueces con la corporación judicial, sus padrinos políticos, el Poder Ejecutivo y el dinero, vuelven sospechoso cualquier fallo. La sospecha de que los jueces manejan las causas al ritmo de los tiempos políticos y mediáticos, tortugueando cuando investigan a funcionarios de gobiernos fuertes o aplicando prisiones preventivas a repetición cuando aquellos funcionarios cayeron en desgracia.
Que el juez Eduardo Farah haya aclarado en un reportaje que no cobró dinero para excarcelar a Cristóbal López, convierte a la posibilidad de que lo haya hecho en una hipótesis creíble para una sociedad escéptica del comportamiento de sus magistrados.
Y que Jorge Ballesteros, el otro camarista que resolvió la libertad y el cambio de carátula de la causa López, mantuviera vínculos indirectos con involucrados en el expediente, alejaría todo, aún más, de cualquier normalidad razonable.
El mismo nivel de anormalidad que implica que desde sectores oficialistas se deje trascender la cantidad de millones de dólares que se habrían repartido para lograr la libertad de Cristóbal y su socio, Fabián De Sousa.
Tenemos la utopía de ser un país normal. Mientras sufrimos la pornografía de nuestras explícitas anormalidades. Procuradora amiga. El kirchnerismo obtuvo cierta expectativa positiva en sus comienzos, cuando se mostró como algo nuevo, alejado de los manejos turbios de los viejos políticos. Fue un relato creíble, en especial porque una mayoría tenía esperanzas de creerlo y muchos medios saciaban esa demanda no interfiriendo con investigaciones inoportunas.
Con los años el relato K desbarrancó, pero la sociedad sigue esperanzada en que pueda haber un gobierno que de verdad sea distinto. El macrismo se alimenta de esa necesidad. También en el tema Justicia.
Por eso pudo desembarazarse de la ex procuradora Gils Carbó, presionándola hasta obligarla a renunciar.
En ningún país normal eso hubiera sucedido, tratándose de un cargo inamovible, pero aquí se pudo hacer porque tampoco las actitudes previas de la ex procuradora habían sido propias de un país normal.
En cualquier caso, el Gobierno tuvo la posibilidad de demostrar que frente a una procuradora simpatizante del gobierno de turno, intentaría designar a alguien que representara independencia absoluta del poder político.
Pero en lugar de exagerar transparencia para explicitar el cambio de época, eligió otro camino.
El propio Presidente se mostró en la Casa Rosada junto a Inés Weinberg de Roca, para postularla como su candidata para ocupar ese cargo. Weinberg muestra una larga experiencia judicial y hasta ahora no se le han conocido antecedentes polémicos.
El problema no son sus antecedentes, ni siquiera el hecho de que su marido Eduardo Roca haya sido diplomático de distintas dictaduras. No son responsabilidades de las que la jueza deba hacerse cargo, por lo menos mientras ella no haya apoyado abiertamente a esos gobiernos militares.
El cuestionamiento es la pública relación amistosa que existe con el Presidente, entablada en las horas de gimnasio compartidas en Barrio Parque. Y en haber sido Macri quien la designó en el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad y cuyo accionar, según dice, la dejó muy satisfecho.
Imagínense la misma escena en el gobierno anterior: Cristina posando en la Rosada con su candidata a ocupar ese cargo, una amiga suya del gimnasio y a quien había elegido antes como jueza de Santa Cruz.
¿Si aquello podía ser visto como un peligro de connivencia entre dos poderes, por qué ahora no?
Quizás en este caso Inés Weinberg quede en el medio injustamente de historias que no le pertenecen, porque hasta ahora no se conocieron dudas sobre su honorabilidad y criterio judicial, pero Mauricio Macri sí debería exagerar transparencia evitando la postulación de alguien con quien simpatiza. Todavía está a tiempo de optar por un candidato/a que conserve las mismas cualidades que pueda tener Weinberg, pero cuyos antecedentes se ubiquen claramente lejos suyo y del macrismo.
Eso sería digno del pretendido país normal, aunque en el oficialismo digan “transparentes sí; comer vidrio, no”. Lo que traducido significaría que desean una Justicia mejor, pero que en ese mar de tiburones que sigue siendo Tribunales, solo lo podrán lograr con gente seria… pero cercana. Anómalos. La de la Justicia es solo una muestra de lo difícil que se hace en la práctica ingresar al club de las llamadas naciones normales. La anómala normalidad argentina nos acerca a la incorrección permanente de los países con instituciones débiles y sociedades empobrecidas.
En Argentina podemos escuchar a un ex juez de la Corte, como Zaffaroni, desear en público y reiteradamente, que el Gobierno se vaya antes de terminar su mandato constitucional, algo que aquí es común, pero en los países normales resulta una triste excentricidad.
Lo mismo que nuestra condenada imposibilidad de que los ex presidentes acepten mostrarse con cada nuevo mandatario en determinadas fechas simbólicas y como señal de continuidad institucional. (Ni siquiera se logró que una presidenta como Cristina Kirchner fuera capaz de entregarle el bastón de mando a su sucesor).
En 1684 se fundó la primera “escuela normal” de la historia. Fue en Francia y su mentor fue Jean Baptiste de La Salle. Desde entonces ese tipo de escuelas se dedicó a “enseñar a enseñar”, siguiendo las reglas y la normatividad de una educación de calidad común para todos los países. Pero, además, en el caso de aquella primera “école normale”, se propuso un modelo de excelencia educativa que sirviera como norma para que en el futuro fuera seguido por profesores y alumnos de cualquier nivel económico y social.
Ese ese “normal” como sinónimo de “excelencia” lo que el lenguaje común dice cuando dice “país normal”.
Es una utopía legítima de una sociedad que está incómoda con lo que logró siendo como es.
Y es una obligación de sus líderes ayudarla a encontrar el camino para alcanzarla.