La Justicia sigue sin definir la legalidad del decreto de blanqueo de familiares
Esta semana, el Consorcio Internacional de Periodistas informó que, ocho meses después de las revelaciones de Panamá Papers, Gianfranco Macri, hermano del Presidente, declaró más de $ 63,5 millones en el blanqueo de capitales que promovió el Gobierno. “Es un derecho que le daba la ley”, dijo Mauricio Macri el año pasado. Pero la noticia puso nuevamente en la mira el decreto que a fines de 2016 habilitó a “cónyuges, padres e hijos menores emancipados” a ingresar al sinceramiento fiscal, pese a que la ley expresamente lo prohibía.
Ahora, la Justicia intenta investigar si fue legal ese decreto. Intenta porque el camino de la causa en el fuero contencioso administrativo no parece un trámite fácil. El caso ya llegó a la Corte Suprema. Además, porque de esa causa dependería la suerte de la denuncia penal por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario contra Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el entonces ministro Alfonso Prat-Gay. El decreto. El diputado massista Felipe Solá había pedido expresamente durante el debate legislativo que se prohibiera a parientes directos entrar al blanqueo. La ley se aprobó con esa exclusión en junio de 2016. Por eso, cuando Macri firmó el decreto en noviembre e incluyó a padres, cónyuges e hijos, Solá disparó: “El niño mimado quiere que su ‘papi’ pueda blanquear, porque si no es injusto”.
Solá pidió entonces a la Justicia que declarara inconstitucional el decreto. Pero en marzo de 2017 la jueza María Biotti rechazó el amparo: dijo que él no estaba legitimado para actuar por su “mera condición de ciudadano y legislador”. Apelación mediante y en votación dividida, la Cámara habilitó a Solá porque se habría alterado el texto de una ley.
En abril pasado, entonces, el caso recayó en la jueza María Sarmiento, que en mayo declaró abstracto el planteo y cerró la causa. ¿Por qué? Porque dijo que el blanqueo funcionó hasta el 1º de abril de 2017 y por eso “las normas aquí impugnadas por el amparista han perdido vigencia”.
Ahora, el diputado apeló esa decisión a la Cámara, donde espera tener mejor suer te. Pero el Estado ya presentó ante la Corte Suprema un recurso para que se revoque, precisamente, la legitimidad de Solá.
“Es clave saber si el decreto fue inconstitucional”, dijeron a PERFIL en Comodoro Py. La causa penal –en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Guillermo Marijuan– podría tomar un nuevo impulso en los próximos días: la diputada Victoria Donda adelantó a este diario que presentará una ampliación de su denuncia por el blanqueo de Gianfranco.