Tiene 24 años, la vinculan a Los Monos y la acusan por ocho atentados a jueces.
Se llama Lucía. Tiene 24 años. Le atribuyen el rol de “instigadora” y “coordinadora” en la ofensiva presuntamente ordenada por Los Monos.
Se puso un pasamontaña negro que le cubría el rostro, se sacó una foto y la compartió en las redes sociales. Las cadenas de oro rodeando su cuello completaban la imagen. “Me pongo la máscara y te robo”, posteó. En aquel momento pudo haber sido una humorada, pero hoy esa foto tiene otra connotación. Es que la joven detrás de esa máscara está detenida acusada de participar en distintos ataques a edificios del Poder Judicial y a propiedades de magistrados que condenaron a la narcobanda Los Monos.
Lucía U. tiene 24 años, vive en Rosario y fue detenida luego del ataque a la sede del Ministerio Público de la Acusación, uno de los últimos atentados que se produjeron luego de una seguidilla que superó la docena entre mayo y agosto pasado. Se la acusa de haber participado activamente en ese episodio.
Hace diez días fue imputada por ese caso y otros siete ataques más. Para la Justicia sería un eslabón importante dentro de una estructura comandada, según los investigadores, por Máximo “Guille” Cantero, líder de Los Monos, y condenado a 22 años de prisión por comandar una asociación ilícita.
La joven fue detenida en septiembre pasado. En su casa secuestraron una pistola marca Browning 9 milímetros “apta para el disparo”, según se informó desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA). La Justicia le atribuye el rol de “instigadora” y “partícipe primario”. Según la causa, la estructura estaba encabezada por Guille desde el penal de Piñero primero y después desde la cárcel de Chaco, a donde fue trasladado a principio de junio. Utilizaba un teléfono celular para coordinar las acciones y enviar órdenes, según la Justicia. Lo secundaban Daniel “Teletubi” Delgado (también desde su lugar de detención) y Matías César. Por detrás de ellos aparecería la figura de Lucía.
Los fiscales destacaron que “existe profusa evidencia de que César y Delgado estaban estrechamente vinculados” con Lucía y le endilgan el rol de coordinadora y de estar detrás de la planificación de la “faz operativa” de los ataques.
En la audiencia imputativa se explicó que Lucía “tuvo a su cargo la coordinación y el planeamiento de la faz operativa de varios de los hechos delictivos, valiéndose para ello de distintos grupos de subordinados de la organización criminal que cumplen el rol de sicarios o tiradores, quienes se encargaron de la ejecución material de los ataques, en algunos casos con el apoyo logístico de ella”. En base a las pruebas reunidas resolvieron que la joven siga detenida, al igual que el resto de los implicados. En la cita se detalló que, por ejemplo, en el ataque del 14 de agosto pasado Lucía “tuvo un rol activo” y no se redujo solo a la coordinación. Según determinaron los investigadores, la joven iba en el auto junto a dos hombres cuando desde el vehículo se dispararon al menos cinco tiros contra el frente del MPA. Lucía fue la última, de los tres presuntos implicados, en ser detenida.
En su casa la policía encontró un arma que coincide con el calibre utilizado en esa ba-
lacera al edificio judicial.
Los hechos. La audiencia de acusación estuvo a cargo de un equipo del MPA integrado por los fiscales Miguel Moreno, Matías Edery, Nicolás Foppiani y Aníbal Vescovo. Lucía y otros diez imputados fueron acusados por “amenazas calificadas agravadas por ser anónimas y por ser realizadas contra un poder del Estado para evitar su normal funcionamiento; portaciones de arma y daño calificado”.
“Creemos que este grupo de personas eran organizados por Guille Cantero desde la cárcel. Consideramos que ahora están desarticulados. Pero eso no implica que no se puedan formar otros”, explicó a la prensa local el fiscal Edery, tras la audiencia. “Hay prueba directa e indicios de que éste fue quien transmitió a sus subordinados datos esenciales para la concreción de los atentados”, anunció.
Los ataques a las propiedades de jueces y a instituciones relacionadas con la Justicia rosarina comenzaron el 29 de mayo, casi dos meses después de que los distintos líderes de Los Monos fueran condenados a penas que superaban los 20 años de prisión.
Según entendió la Justicia, había un denominador común para contextualizar los ataques: todas las propiedades pertenecían a personas que habían participado en la investigación o juzgamiento de algunos integrantes del clan, o que tienen a su cargo recursos de apelación de fallos que los involucran.