Alertan que hay 31 obras viales paradas por la crisis
La lista comprende tramos y proyectos de mantenimiento en once provincias. En la cartera a cargo de Dietrich, dicen que algunas están suspendidas con acuerdo de los gobernadores y en otras esperan tasas más favorables.
Acuerdos con gobernadores para priorizar otras obras, suspensión de proyectos licitados y demoras por el mal contexto financiero y las tasas altas. Estas son algunas de las razones que llevaron a que 31 obras viales estén sin iniciar o paralizadas, según muestra un “listado de obras con dificultades” elaborado por la Asesoría de Gestión de la Dirección Nacional de Vialidad al que accedió PERFIL.
La lista comprende la construcción de tramos y proyectos de mantenimiento en Buenos Aires (6), Catamarca (1), Córdoba (4), La Rioja (4), Mendoza (1), Neuquén (1), Río Negro (3), Entre Ríos (4), Santa Fe (2), Santa Cruz (2) y Salta (3). El informe está actualizado hasta el mes de marzo y coincide con denuncias gremiales sobre un intento de vaciar la Dirección de Vialidad.
Ante la consulta de este medio, en el Ministerio de Transporte indicaron que algunas obras están suspendidas con acuerdo de los gobernadores y otras esperan un mejor contexto macroeconómico. En el listado hay tramos de obras que el Gobierno asegura que va a completar, como el tramo VI B de la Autopista Pilar-Pergamino, que estaría afectada por problemas en las expropiaciones de terrenos de la circunvalación a Arrecife. También hay otros casos de proyectos suspendidos, como el ingreso a Río Turbio.
Unas 19 obras están, según el informe, “no iniciadas” mientras que otras 12 están “paralizadas”, como el tramo III de la Ruta Nacional N° 18 en Entre Ríos, por ejemplo. En el Gobierno explican que, lejos de contraerse, el organismo aumentó sus funciones. “Vialidad Nacional se encarga del mantenimiento de más de 20.000 km y se incorporaron más de 300 equipos viales que permitieron el mantenimiento de miles de kilómetros de rutas que antes estaban en manos de empresas privadas”, apuntan.
Pero desde el gremio contestan a estas afirmaciones con datos presupuestarios que muestran una reducción de los fondos asignados a la Dirección de Vialidad. Según detalla el anexo de la Decisión Administrativa 288, la citada repartición perdió 1.955 millones de pesos. En paralelo, una firma de capital estatal, Corredores Viales SA, aumentó sus fondos en 1.500 millones por medio del mismo instrumento administrativo. “A Corredores no se le aplica ni la Ley de Procedimientos Administrativos, ni el Régimen de Contrataciones, ni la Ley de Obras Públicas”, apunta la secretaria del gremio de Vialidad, Graciela Aleña.
“Nada más alejado de la realidad”, responden desde el Gobierno ante las acusaciones de querer “privatizar” el organismo. “Es la primera vez en 15 años que Vialidad Nacional ha emprendido un proceso de jerarquización institucional en el cual se terminó con la tercerización de funciones, se incorporaron miles kilómetros de rutas para mantenimiento y se desarrolló un plan integral para posicionar al organismo”, apuntan desde la dirección.
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