Una justicia electoral
El titular de la Corte bonaerense cargó contra Vidal por el rol del Poder Judicial. El aval de Cristina.
AEduardo Duhalde le preocupa que el peronismo pierda la influencia construida en el Poder Judicial entre 1987 y 2015. Por eso respalda a Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. La aflicción es por el peligro en ciernes sobre el estamento consolidado de 1991 a 1999, en el que gobernó. Fue la base del conflicto con Néstor Kirchner desde el 2003.
Pero también lo que le garantizó gobernabilidad a Daniel Scioli de 2007 a 2015 y lo persuadió de proyectar una sucesión presidencial.
Federico Scarabino fue clave para controlar la designación de jueces y fiscales. Primero como vicepresidente del Senado y luego como titular tras el ACV que sufrió el vicegobernador Alberto Balestrini. A la oposición legislativa solo se le cedió el nombramiento de defensores. En la campaña de 2005, Cristina aludió en forma velada a la irritación de ella y su esposo por esa rebeldía. Comparó los escollos al kirchnerismo de esa maquinaria con el film
El padrino, de Francis Ford Coppola. Aunque se cuidó de aludirla en forma directa.
Avanzada.
El lunes 15 un tuit de la ex presidenta avaló al titular de la Asociación de Magistrados de La Plata, Víctor Violini. “Nunca vi cosas como las actuales en 25 años. No queremos que la Justicia bonaerense se convierta en otro Comodoro Py”. Violini integra la Sala 3 del Tribunal de Casación Penal bonaerense y respaldó a Eduardo De Lázzari, titular de la Corte bonaerense, que denunció “causas armadas artificialmente, abuso de testigos de identidad reservada y factores de presión que inducen a dictar condenas mediáticas, fomentados por ciertos medios de prensa. Una situación deplorable donde actúan influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con la complicidad de algunos magistrados”.
Como sus pares Luis Genoud y Eduardo Pettigiani, De Lázzari fue ministro de Seguridad de Duhalde. Su esposa es Ana Miriam Russo, fiscal federal de La Plata y miembro de Justicia Legítima.
Violini es juez en la sala 3 del Tribunal de Casación Penal y aparece en escuchas ordenadas por la fiscal Betina Lacky en la investigación a la megabanda dedicada al robo de viviendas vacías en City Bell y La Plata. Algunos implicados son, o fueron, funcionarios políticos, policiales y judiciales. El sábado 6 de octubre de 2018, Violini se enteró por PERFIL de que estaba mencionado.
Jueces.
Inmediatamente Violini exigió al presidente del Tribunal, Carlos Natiello, que suspenda la jubilación que le había otorgado tres días antes: lo dejaba sin fueros. Su colega de la sala 5 Manuel Martín Ordoqui será juzgado en noviembre por un fallo con el que habría beneficiado a uno de los delincuentes. Por la misma causa está detenido el ex juez César Melazo.
Ordoqui inició su carrera en el Departamento Judicial de Quilmes y tiene un vínculo estrecho con Aníbal Fernández. Aníbal retuiteó de inmediato el mensaje de su antigua jefa política, con la portada del diario Página/12 que reprodujo algunas declaraciones de De Lázzari. María Eugenia Vidal instó al presidente de la Corte a autodenunciarse para que la Justicia analice la comisión de esos delitos en su seno.
De Lázzari ratificó lo ambiguo de su posición. Puede conjeturarse que las supuestas anomalías son aparentes presiones al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en la causa contra el falso abogado Marcelo D’Alessio por el intento de extorsión al aparente empresario Pedro Etchebest. Y también las que sufriría el fiscal de Mercedes, Juan Bidone, que declaró en forma espontánea en la Justicia Federal por el vínculo que mantenía con D’Alessio.
El viernes último Fernando Scalera pidió elevar a juicio la causa contra Pablo “Bebote” Alvarez, Damián Lagarone, Roberto “Polaco” Petrov, Gabriel “el Tano” Bertone, Adrián “Tortuga” García, Italo “Cebolla” Romeo, Claudio “Pucho” Godoy y Eduardo D’Aquila junto al ex directivo Noray Nakys y el actual, Héctor “Yoyo” Maldonado. Todos involucrados en la supuesta asociación ilícita de Pablo Moyano con barras bravas en el Club Atlético Independiente de Avellaneda. Moyano y Alvarez están acusados por ese delito. Nakys y Maldonado de organizadores. Bebote, Lagarone y Godoy declararon en calidad de arrepentidos. Figura que rechazaron aplicar otros magistrados intervinientes. Lo mismo pidió Daniel Llermanos, defensor de Moyano. Uno fue el juez de Garantías Silvio Carzoglio, sometido a juicio político por denegar a Scalera el allanamiento a Integradores SA, la firma a cargo del cobro de la cuota a los socios de Independiente. La causa intenta determinar si está asociada a entradas de favor a los barras. Duhalde es defensor oficial de Carzoglio pero más le interesa serlo de Moyano. Le sugirió a Hugo que desplace a Llermanos. De Lázzari mantiene estrecha relación con el ex gobernador. El titular de la Corte recibió una denuncia de Gabriel Vitale contra Scalera a la medida de su diagnóstico. El juez de Garantías de Lomas de Zamora acusa de agresiones al fiscal general adjunto de ese distrito.
Vitale intervino en el expediente por la supuesta asociación ilícita de Moyano y Alvarez. En mayo, el allanamiento fue autorizado por Brenda Madrid, una colega de su fuero. Antes de eso, se pensó en recurrir a un juez de Tierra del Fuego. Excepto Madrid, nadie quiso firmar la orden.
Fallos.
De Lázzari y Eduardo Grinberg son sindicados como autores intelectuales en el fallo de la Junta Electoral que habilitó la candidatura a gobernador de Guillermo Castello por Unir en el Frente Despertar, de José Luis Espert, cuya postulación a presidente se inscribió por Unite. Las gestiones con el titular de la Corte y del Tribunal de Cuentas son atribuidas a Jorge Landau a través de Ulises “Coco” Jiménez, históricos apoderados del PJ. Jiménez es secretario de Enjuiciamiento Permanente a Magistrados en la Legislatura: se encarga de determinar juicios políticos a jueces y fiscales. Grinberg está en crisis con Vidal porque la gobernadora decidió cubrir las vacantes del tribunal que pone fin a su unicato. El kirchnerismo cree que Despertar le quita votos al oficialismo. La Justicia Federal con competencia electoral rechazó el vínculo jurídico entre los partidos de Castello y Espert. Despertar no tendrá candidatos a ninguna categoría en la provincia de Buenos Aires. El economista denunció un complot. Si lo hay, no está del todo claro que sea en su contra.