Perfil (Domingo)

Menos tarifas y menos inversión, la negociació­n con las energética­s

Desde el Frente de Todos buscarían rediscutir los contratos, pero sin que las empresas vayan a tribunales internacio­nales.

- NICOLAS GANDINI

Uno de los socios de Nicolás Caputo en Central Puerto, la segunda empresa eléctrica de la Argentina, con activos también en el negocio del gas, lo definirá en los próximos meses, pero la decisión ya está en su agenda: se irá a vivir a España junto con su familia si el panorama económico se complica. El dueño de otra distribuid­ora de gas imagina sus próximas inversione­s fuera de país. “Tal vez termino comprando y refacciona­ndo edificios en Milán”, especuló en un café con este medio. Los referentes del negocio regulado de energía (distribuci­ón y transporte de gas y electricid­ad) se preparan para una transición compleja. Después de las PASO empezaron a tender puentes con asesores del Frente de Todos para indagar sobre el futuro inmediato. Los indicios no son alentadore­s.

La decisión del gobierno de Mauricio Macri de postergar –para descomprim­ir la agenda electoral– la mayoría de los aumentos tarifarios previstos para el segundo semestre de 2019 dejará un pesado lastre que se acentuó aún más con la última devaluació­n. Con un dólar de 60 pesos, las tarifas de gas deberían aumentar un 65% en abril. Las de electricid­ad, un 63% en febrero. Los empresario­s saben que eso no sucederá. En términos inflaciona­rios, no hay margen económico ni social para aplicar una suba de esa magnitud.

Desde el espacio que lidera Alberto Fernández lo descartan. Sin embargo, economista­s como Matías Kulfas y Cecilia Todesca saben que, en un escenario de alta inflación y depreciaci­ón del tipo de cambio, no hay margen fiscal para congelar las tarifas por mucho tiempo. Los técnicos que preparan un diagnóstic­o del área energética señalan que un nuevo congelamie­nto in eternum de los contratos generaría una oleada de demandas en el Ciadi como la que se produjo a la salida de la convertibi­lidad. Los asesores del Frente de Todos admiten que, al final del día, esos juicios arbitrales en Nueva York se perdieron y le costaron cifras millonaria­s al Estado. No quieren repetir esa historia.

¿Qué alternativ­a barajan entonces? El plan de contingenc­ia, hasta ahora incipiente, contempla dos etapas. Una primera, de choque, prevé una negociació­n inicial con las empresas de servicios públicos para cancelar la recomposic­ión tarifaria correspond­iente al segundo semestre de este año. A cambio, los privados podrán reducir, por una cifra equivalent­e, el plan de inversione­s comprometi­do durante la Revisión Tarifaria Integral (RTI). Es, en rigor, la misma solución que tomó el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, cuando pateó para adelante los aumentos previstos para agosto y octubre. “No queda otra que encarar una renegociac­ión con las empresas del segmento regulado. No hay forma de reconocer los aumentos que prevé la RTI, pero tampo¿Qué

co se pueden romper todos los contratos y terminar en el Ciadi”, reconoció a PERFIL un asesor energético del Frente de Todos.

Sin embargo, el presidente de una empresa de gas cuestionó la inconsiste­ncia de esa medida. Por la postergaci­ón de la última actualizac­ión, el Estado acumuló una deuda de unos $ 5 mil millones con las distribuid­oras. “Aunque nos autoricen a bajar a cero las inversione­s (una decisión que, en la práctica, la mayoría de las empresas ya adoptó), en nuestro caso nos quedaría un remanente a favor porque lo adeudado excede lo que podríamos ajustar por inversión en 2020”, advirtió.

Por eso, en una segunda instancia, en el Frente de Todos consideran que será inevitable revisar los mecanismos de recomposic­ión de tarifas incluidos en la RTI que cerró el ex ministro Juan José Aranguren, a principios de 2017. En particular, cuestionan que se utilice la evolución del índice de precios mayoristas (IPIM) –que sigue la evaluación del dólar– para actualizar tarifas. “La RTI concluye a fines de 2021. Habrá que analizar opciones para renegociar antes de ese plazo las fórmulas utilizadas para actualizar las tarifas, pero lo primero es ver cómo se estabiliza la macroecono­mía”, plantearon.

Por la situación que se viene, algunos popes del sector saldrían del negocio o del país

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EN SIMULTANEO. La Central Térmica Güemes, de Pampa Energía. El Gobierno buscará desactivar las
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FOTOS: CEDOC PERFIL revisiones prefijadas por Aranguren.

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