Y declaró el toque de queda
ductores hacían sonar las bocinas de sus autos a su paso por calles y avenidas de la ciudad.
La empresa de colectivos urbanos suspendió el servicio, lo que dejó a los siete millones de habitantes prácticamente sin transporte público al estar también paralizado el metro.
En la madrugada del viernes, cuando la ciudad ardía por las protestas contra el aumento en las tarifas del metro y la represión policial, Piñera declaró el “estado de emergencia” y ordenó la militarización de Santiago y la Región Metropolitana para frenar una ola de indignación popular que puede ser políticamente muy costosa.
Los incidentes y la reacción de las fuerzas de seguridad dejaron hasta el viernes 308 manifestantes arrestados, decenas de heridos, locales hechos trizas y decenas de estaciones de metro incendiadas, al igual que el edificio de la compañía de distribución eléctrica Enel. Lo que había comenzado hace una semana como una protesta de estudiantes terminó en un día de furia urbana cuyas consecuencias son aún difíciles de prever, que ayer se repitió pese a la presencia de uniformados en las calles.
El estado de emergencia que decretó el presidente regirá por 15 días, prorrogables, e implica restricciones a la libertad ciudadana de movimiento y reunión. El metro permanecerá cerrado todo el fin de semana y se suspendieron eventos culturales y la fecha de fútbol.
Las zonas afectadas quedaron bajo responsabilidad del general Iturriaga, cuya primera decisión fue desplegar militares en las calles de la capital. Ante la persistencia de las protestas, decretó el toque de queda.
Un aumento en el valor del pasaje de metro de 800 a 830 pesos chilenos (1,16 dólares) para horas pico disparó hace diez días una movilización de los estudiantes, que lanzaron una campaña para viajar sin pagar como forma de protesta. Lo hicieron bajo el hashtag #EvasiónMasivaTodoElDía en las redes sociales. Desde el lunes pasado, centenares de jóvenes irrumpieron en las estaciones de Santiago para saltar los molinetes.
El metro de Santiago es uno de los más modernos de América Latina, pero también uno de los más caros. Chile importa todo el petróleo y el gas que consume, lo que genera presión inflacionaria sobre las tarifas de los servicios públicos como el transporte y la energía.
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