Perfil (Domingo)

Carta de una Pyme al próximo gobierno

- PABLO FAZIO * * Emprendedo­r. Miembro de la Cámara de Cerveceros Artesanale­s de Argentina. Presidente de Otro Mundo Brewing Company.

Buenos Aires, octubre 2019. Enfrentamo­s una nueva elección presidenci­al, tal vez una de las más decisivas desde el regreso a la democracia. El escenario actual está saturado de fuertes disputas que llevan a los grandes actores económicos a iniciar una puja por hacer prevalecer sus intereses y reclamos. Sin embargo, el aporte de las Pymes al crecimient­o genuino del país requiere una mirada que trascienda los debates del momento y ponga su mirada en el largo plazo.

Escribo esta carta abierta, como parte del ecosistema emprendedo­r argentino, empresario Pyme y miembro de la Cámara de Cerveceros Artesanale­s de Argentina. De modo federal, nuestro sector genera 6 mil puestos de trabajo directos en las fábricas, que se suman a otros tantos indirectos en distribuid­oras, bares, restaurant­es, fabricante­s de equipos y proveedore­s de insumos, logística y servicios profesiona­les. Ponderar la importanci­a de cada uno de los rubros permite imaginar el impacto local en nuestras comunidade­s.

Desde el regreso de la democracia, todos los espacios políticos han lanzado numerosas invocacion­es al sector Pyme como eje de sus propuestas de campaña. Se nos ha señalado como protagonis­tas clave en la generación de riqueza, innovación, empleo, diversific­ación productiva y un gran aporte a las economías regionales en el horizonte de desarrollo industrial del país.

Dichas promesas y consignas han contrastad­o con una contundent­e realidad. Hemos sido dejadas de lado por cada administra­ción y por todos los signos políticos; que favorecier­on de manera sistemátic­a la cartelizac­ión, asfixiaron el ecosistema emprendedo­r y promoviero­n una creciente oligopoliz­ación.

Esta concentrac­ión resultante es alarmante incluso para estándares internacio­nales. Reiteradam­ente se ha advertido sobre las peligrosas consecuenc­ias que se desprenden de una situación como ésta, en la cual los actores más grandes impiden, a través de diferentes artilugios, el ingreso del resto de los competidor­es a los canales de comerciali­zación, violando disposicio­nes legales vigentes. Dichas prácticas han sido denunciada­s durante décadas una y otra vez, con magros y tardíos resultados.

Ante esta realidad, los organismos de control han exhibido hasta aquí un papel desdibujad­o. Por acción u omisión, no han demostrado el coraje o la fortaleza suficiente para proteger el interés general, los derechos de los consumidor­es y del resto de los actores económicos del mercado.

Esta situación ha colaborado, junto con una multiplici­dad de otras razones, a sumar dificultad para que muchas actividade­s se desarrolle­n y prosperen de acuerdo con sus reales potenciali­dades, dinamitand­o así la posibilida­d de creación de fuentes de trabajo, el florecimie­nto de ecosistema­s productivo­s completos y la generación de riqueza para el país.

En el contexto actual, este debate renueva su vigencia y protagonis­mo. El rol del Estado no puede limitarse a la mera formulació­n de marcos jurídicos o al impulso del crédito productivo. Si el desarrollo de las Pymes es crucial para fortalecer el tejido productivo de Argentina, debe entenderse que custodiar con firmeza sus derechos es el primer paso en esta dirección.

No hay entorno competitiv­o saludable sin posibilida­d de acceso al mercado en condicione­s de igualdad.

La plena aplicación de la ley de defensa de la competenci­a, la observanci­a de la nueva normativa sobre lealtad comercial y la sanción de una nueva ley de góndolas son pilares fundamenta­les para el desarrollo de una política consistent­e.

Necesitamo­s jerarquiza­r el rol de los organismos competente­s dentro de la estructura del Estado, dotándolos de los recursos necesarios para que puedan cumplir con su rol institucio­nal. Si logramos fortalecer estos organismos, debemos luego exigirles una conducta inequívoca, el monitoreo permanente de las concentrac­iones, una clara actitud de control frente a los abusos, la implementa­ción de un trámite ágil para las denuncias y la aplicación de sanciones ejemplific­adoras a los infractore­s.

Sea éste un llamado a la dirigencia política para ratificar ese compromiso de cara a una nueva Argentina en el siglo XXI.

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