Argentina, con una agenda pendiente
Desde la organización ecologista señalan limitaciones en materia de leyes y su cumplimiento. En octubre, la temática de la basura en la Ciudad y en todo el país generó una serie de debates y pronunciamientos judiciales.
Hace poco más de un mes, un decreto del Poder Ejecutivo, descabellado y sin ningún sustento sólido ambiental y social, aprobó la flexibilización de la Ley de Residuos Peligrosos para introducir la importación de residuos. En pocas palabras, con ese decreto, queda habilitado que Argentina pague para recibir residuos de otras partes del mundo.
Para brindar un panorama general, y hasta trágico, en el país estamos inundados de rellenos sanitarios y basurales a cielo abierto. La Ciudad de Buenos Aires es la única que cuenta con una normativa, la Ley de Basura Cero, pero fue modificada el año pasado para introducir la incineración de residuos, luego de años de incumplimiento sistemático.
Entonces, ¿por qué pagar para recibir residuos de otros países cuando ni siquiera somos capaces de gestionar los propios? La entrada de estos residuos empeora uno de los problemas ambientales más graves del país. La gestión de residuos ya es desastrosa. No hay capacidad para gestionar la basura que tenemos. Actualmente, solo en la Ciudad de Buenos Aires, se generan más de 6 mil TN por día de residuos. Del total de residuos, solo se recicla el 20%. Si dejamos entrar basura de otros países, se multiplicarán los rellenos sanitarios y los basurales a cielo abierto, ya que la experiencia nos lo demuestra.
Nulidad. Es por eso, que desde Greenpeace exigimos la nulidad del decreto. Argentina no puede convertirse en el basural del mundo. Nos amparamos en la inconstitucionalidad de este decreto, ya que implica un retroceso en la protección del ambiente, y este derecho está contemplado en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Además, con este decreto dejará de ser requisito el “certificado de inocuidad” emitido por los países emisores. Esto significa que si llega material contaminante, Argentina tiene que gestionarlo. Definitivamente, esto no contribuye a reducir la cantidad de basura que se lleva a entierro o que está sin tratar en basurales a cielo abierto. Inconstitucional. Por otro lado, la incineración, que afortunadamente fue declarada inconstitucional la semana pasada por la jueza de la Ciudad la Dra. Elena Liberatori, fue otra de las medidas polémicas introducidas en CABA. No sería ilógico pensar que en 2018 hayan aprobado la incineración de residuos, bajo el eufemismo de la termovalorización, y que ahora estén habilitando el ingreso del material que servirá de combustible para las plantas. Está claro que la solución no radica en quemar o importar basura, nada de eso nos llevará al objetivo de Basura Cero. Cabe destacar que la ley de Basura Cero de la Ciudad, sancionada en 2005 y reglamentada en 2007, establecía un 75% de reducción de residuos para 2017. A la fecha, no se alcanzó ni el 30%. El único camino que nos queda es realmente cumplir con la Ley de Basura Cero original de una vez por todas, sin grises y sin falsas promesas, una iniciativa por la que venimos insistiendo desde hace tiempo. *Coordinador de la campaña de clima y energía de Greenpeace Argentina.