Por el cannabis legal.
Ministerios Públicos de la Ciudad y La Pampa apoyan su regulación.
El mes pasado, unas 21 organizaciones firmaron el Acuerdo por la Regulación del Cannabis para Uso Adulto, tanto con fines recreativos como medicinales, para armar un proyecto de ley y presentar en la Cámara de Diputados. Pero ahora, no solo ya son un total de cincuenta asociaciones en el colectivo, sino que, además, por primera vez en la historia argentina dos ministerios se manifestaron a favor de la legalización de la planta y sumaron su firma a un documento para despenalizar el consumo de la marihuana. Se trata del Ministerio Público de Defensa de la Ciudad de Buenos Aires y su homólogo de La Pampa.
“Estamos de acuerdo en discutir con la sociedad sobre el cannabis porque las leyes de estupefacientes tienen grandes vacíos y contradicciones”, dice Luis Duacastella, el defensor general adjunto de la Ciudad. El abogado se refiere a que “está prevista la utilización de aceite medicinal, pero solo para epilepsia refractaria.
Sin embargo, hay un sinfín de fallos municipales, provinciales y federales que obligan al Estado nacional a entregar el aceite a personas que padecen otras enfermedades”. Duacastella también ejemplifica que, “aunque el consumo personal no esté penado –por el Fallo Arriola, de 2009–, la tenencia sí, e incluso el cultivo puede llevar a alguien hasta a unos 15 años de prisión” por la Ley de Estupefacientes 23.737, que tiene treinta años.
Para Duacastella, mientras no se establezca una regulación en el cannabis “se le está dando a la policía la posibilidad de control social” porque casi la mitad de las detenciones por tenencia de marihuana suceden en los barrios más pobres de la Ciudad, según datos del propio Ministerio Público de Defensa porteño. De las 1.216 personas que fueron llevadas a una comisaría por portar marihuana en julio de este año, unas 308 corresponden a la comuna 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya) y otras 206 son de la comuna 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano). Además, la cantidad de detenciones aumentó desde principio de año: mientras que en enero fueron 615 en toda la
Ciudad, en mayo ascendieron a 1.749.
“Todas las causas que se les abren a los jóvenes por tenencia terminan archivadas por las fiscalías, porque se trataba de tenencia para consumo personal, debido a las cantidades escasas que tenían”, amplía Duacastella. Además, dice que “no hay ninguna prueba fehaciente de que el uso del cannabis esté relacionado con la pobreza o delincuencia”.
Por una ley. Emilio Ruchansky es uno de los referentes del colectivo de organizaciones para la regulación del cannabis y afirma que quiere “una ley basada en la salud pública”. Por eso, cuenta que se está preparando un proyecto para presentar como asociación civil –al igual que lo hizo la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito–, que está copiando el modelo que se realizó en Canadá, donde se legalizó la marihuana el año pasado.
Ruchansky detalla que “se va a conformar un comité de expertos que consulten en las áreas de seguridad, salud y educación su posición con respecto a la regulación del cannabis y luego volcarlo a un documento que será debatido abiertamente”.
Sin embargo, el referente social dice que “aún no hay un plazo para presentar el proyecto porque las tareas se hacen más difíciles al no haber financiamiento”. Por eso, espera que algún partido político tome la propuesta y la lleve al Congreso.
“Mientras no haya regulación, la policía tiene el control social”, dice Duacastella