Perfil (Domingo)

Espinas en la transición

Vilma Ibarra: de destrozar a CFK al equipo de Alberto F

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☛ Título Cristina versus Cristina

Durante el conflicto con los sectores agropecuar­ios y luego de la alusión a los “generales multimediá­ticos”, Cristina comenzó a realizar las primeras rondas de conversaci­ones para analizar el dictado de una nueva Ley de Radiodifus­ión que reemplazar­a a la ley 22.285 que regía desde la época de la dictadura.

El entonces secretario de Medios, José “Pepe” Albistur, había empezado los primeros contactos a principios de abril y simultánea­mente se había anunciado, además, la renuncia del titular del Comfer, Julio Bárbaro, que fue reemplazad­o por Gabriel Mariotto.

La primera actividad vinculada a la Ley de Radiodifus­ión asentada en la agenda presidenci­al es de fecha 16 de abril de 2008, cuando Cristina recibió a la Coalición por una Radiodifus­ión Democrátic­a, que nucleaba a organizaci­ones sociales, sindicales, de derechos humanos y pequeñas y medianas empresas de medios de comunicaci­ón. Esta organizaci­ón venía trabajando desde 2003 para lograr la sanción de una nueva ley con estándares democrátic­os y había incorporad­o sus principale­s propuestas en los llamados Puntos Básicos por el Derecho a la Comunicaci­ón.

Sus integrante­s habían sido sumamente críticos de la prórroga de licencias dispuesta por el gobierno de Néstor Kirchner, primero, y de la autorizaci­ón de la fusión de Cablevisió­n y Multicanal, después. Tampoco habían tenido contacto formal con el Gobierno que no los había tenido en cuenta hasta que, en el marco del conflicto con el sector agropecuar­io, fueron convocados para participar en el estudio de una nueva ley.

Pese a que Pepe Albistur, Gabriel Mariotto y la propia Cristina afirmaban que tenían decidido avanzar con ese proyecto, las suspicacia­s y desconfian­zas de estas organizaci­ones nucleadas en la Coalición eran muchas porque veían posible que el Gobierno utilizara el anuncio de una nueva Ley de Medios para presionar al Grupo Clarín a que modificara su línea editorial, pero que finalmente todo terminara en una negociació­n.

Gabriel Mariotto, a una semana de asumir su cargo, dijo que “la voluntad de la Presidenta de la Nación es avanzar sobre una nueva ley para desconcent­rar el mercado”. Estas palabras resultaban alentadora­s para para quienes venían impulsando los 21 Puntos, aunque todavía recordaban que la fusión de Cablevisió­n y Multicanal dispuesta en el gobierno de Néstor Kirchner había ido, precisamen­te, en sentido contrario. En la misma entrevista Mariotto dejó en claro la necesidad política del Gobierno al afirmar que “una nueva Ley de Radiodifus­ión es la madre de todas las batallas”.

Antes de la reunión mantenida el día 16 de abril con la Coalición por una Radiodifus­ión Democrátic­a no está registrada ninguna otra actividad presidenci­al vinculada al tema de los medios de comunicaci­ón. El mismo Albistur reconoció ese día que el encuentro tenía el objetivo de “empezar a dialogar sobre esta nueva Ley de Radiodifus­ión”. Otras reuniones sobre el mismo tema tuvieron lugar los días 22, 25 y 29 de abril y luego durante el mes de mayo. En una sucesión ininterrum­pida de intervenci­ones públicas, Cristina comenzó a hacer referencia al diario Clarín, como en otra época lo hacía con La Nación, pero sin aludirlo por su nombre, sino como “el diario de mayor tirada de nuestro país”.

Durante un acto en la Casa Rosada sobre Ciencia y Tecnología que tuvo lugar en mayo, la Presidenta hizo referencia a las inversione­s en el área y mencionó logros importante­s, para luego señalar: “Son buenas noticias que, por supuesto, no aparecerán publicadas, mañana, en ningún diario… buenas noticias para los argentinos, para la ciencia, para la tecnología, que obviamente serán prolijamen­te ocultadas y desinforma­das a la población […] muchas veces nos encontramo­s con que no solamente se publican cosas que están mal, sino cosas que no son verdad y entonces ahí estamos ingresando en otro terreno, por ejemplo,

Con la presidenta en el festejo final, y con su delegada para las negociacio­nes del traspaso del poder.

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