Caso autopistas: ex funcionario complicó al gobierno de Macri
el caso. En diciembre de 2015, El caso Autopistas sumó un Abertis presentó una demanda testigo central en la investigación contra la Argentina ante el por la renegociación de Centro Internacional de Arreglo los contratos de los accesos de Diferencias relativas a viales norte y oeste, con una Inversiones (Ciadi), un tribunal ex socia de la familia Macri: internacional que arbitra la española Abertis. La Justicia entre los Estados y las empresas busca determinar si el de capitales extranjeros. Ejecutivo benefició en 2018 a Entonces, Abertis aún era la compañía en socia de Sideco
Carlos Balbín era jefe
detrimento del (de la familia Estado. de los abogados Macri) en Ausol, PERFIL se la concesionaria
del Estado y ahora
comunicó con del acceso voceros de declaró ante el juez norte. Reclamaba Abertis en varias por el
Canicoba Corral oportunidades congelamiento pero la de las tarifas empresa no quiso dar su versión de peajes en 2002. de los hechos. El argumento del Ejecutivo
El juez Rodolfo Canicoba fue que al renovar los contratos Corral había ordenado la declaración de Abertis y pagar las deudas testimonial del ex reclamadas por la compañía, procurador del Tesoro Carlos el Estado argentino se Balbín, nombrado por Mauricio ahorraba de pagar una suma Macri como jefe de los abogados superior cuando perdiera el del Estado en diciembre juicio en el Ciadi. Así lo admitieron de 2015. voceros del Ministerio
El rol de Balbín es central en de Transporte y el gerente de
Jurídicos de Vialidad ante la consulta de PERFIL.
Fuentes directas de la causa confirmaron a PERFIL que el testimonio de Balbín confirmó varios puntos del caso que complican al gobierno de Macri. El jueves, el ex procurador del Tesoro declaró que la demanda de Abertis ante el Ciadi no debía prosperar por al menos dos motivos. El reclamo de Abertis, dijo Balbín, estaba prescripto. De acuerdo con las reglas internacionales, la empresa tenía un plazo de diez años para reclamar al Estado argentino por el congelamiento de las tarifas de peajes. Es decir, que el reclamo caducó en 2012, casi cuatro años antes de la demanda. Además, la empresa nunca cumplió con un paso central para denunciar a la Argentina: debía haber presentado una demanda contra el Estado ante los tribunales argentinos al menos 18 meses antes de decidir ir al Ciadi.
Balbín llegó a presentar estos argumentos ante el tribunal internacional en febrero de 2017. El tribunal aceptó evaluarlos y abrió una instancia de revisión de la demanda para decidir si la Argentina tenía razón.
Luego Macri pidió la renuncia de Balbín. Pero el Ciadi fijó audiencias en Washington para tratar la defensa de la Argentina para julio de 2018. Semanas antes de la primera audiencia, el Gobierno acordó con Abertis y ambas partes renunciaron a seguir litigando en el tribunal.
Balbín confirmó en su declaración que había iniciado una estrategia de defensa del Estado argentino frente a la demanda de Abertis. Una investigación de PERFIL demostró que tras su renuncia, el Gobierno dio un giro de 180 grados en el caso: renunció a defenderse ante el Ciadi; los Macri vendieron sus acciones en Ausol (acceso norte); el Gobierno acordó con Abertis (socia mayoritaria de Ausol) la renegociación de los contratos de los accesos norte y oeste, y le reconoció deudas por US$ 747 millones. A cambio, Abertis retiraba su demanda ante el Ciadi y se comprometía a realizar obras en los accesos.
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