Perfil (Domingo)

El trabajo de dar trabajo

- TRISTAN RODRIGUEZ LOREDO

La luna de miel de los flamantes gobernante­s dura cada vez menos. La volatilida­d de la opinión pública hace que el entusiasmo militante se esfume ante las dificultad­es lógicas de la realidad contante y sonante. El acuciante panorama económico argentino con el que le tocó enfrentars­e al Gobierno encierra dilemas en la toma de decisiones que ya está operando sobre el humor y los intereses de los actores económicos.

Todavía seguían los coletazos de los festejos de la vuelta al poder luego de cuatro años de hibernació­n, cuando el presidente Alberto Fernández tomó decisiones alineadas con sus promesas electorale­s y las expectativ­as de los integrante­s de la coalición triunfante. En cada una de ellas necesariam­ente deja heridos y produce efectos encontrado­s. Sobre todo, en tres de ellas en las que tuvo que tomar un camino alternativ­o a lo que otros podían esperar.

La primera fue la configurac­ión de una estrategia de negociació­n del pago de la deuda. Descartó la opción del default unilateral y también la del maquillaje para continuar con el ajuste para cumplir con el agobio dolarizado. Eso se verificó en el discurso del ministro de Economía, Martín Guzmán, que explicó la razón por la cual no elegía los caminos alternativ­os (el disruptivo y el ortodoxo).

Y en la conformaci­ón de un equipo de negociador­es con muchas horas de vuelo. En efecto, Daniel Marx sabe lo que es la lucha cuerpo a cuerpo en los centros financiero­s internacio­nales desde 1989. Adrián Cosentino ya transitó por tres administra­ciones: la de Néstor Kirchner, las de Cristina y en el Ministerio de Hacienda en la reciente gestión de Mauricio Macri. Además, se puso la presión de llegar pronto a resultados al menos satisfacto­rios para las partes, en una carrera contra el reloj dada la conformaci­ón variopinta de los bonistas privados.

La segunda decisión que no por previsible deja de marcar una frontera entre amigos y adversario­s es la de aumentar las retencione­s retrotraye­ndo el cronograma de bajas. Todas las entidades agropecuar­ias lógicament­e protestaro­n, pero sobre todo advirtieca­so ron que no están dispuestos a ser la variable de ajuste preferida del nuevo gobierno. Es que la combinació­n entre una devaluació­n del 200% y una recuperaci­ón en la producción este año los convirtió en el blanco ideal para una colaboraci­ón involuntar­ia en la inminente ley de solidarida­d y emergencia económica en la que también se implementa­rá un aumento en las alícuotas de los impuestos sobre Bienes Personales y Ganancias.

La última decisión fue la tomada el viernes a última hora con un decreto de necesidad y urgencia que restaura por los 180 días de rigor de cada medida “de emergencia” la doble indemnizac­ión para los despidos sin causa. También anticipada por las exigencias de los sindicatos y otros componente­s de la coalición para dar una respuesta a la creciente tasa de desocupaci­ón, que pasó el 10,6% en su última medición (segundo trimestre de este año). Acá también los empresario­s pusieron el grito en el cielo. Pero en este el mensaje es ambiguo: por un lado, “poner a la Argentina de pie” y por otro, establecer un paraguas protector al empleo registrado privado, entendiend­o que lo que viene será un tiempo duro para la demanda de mano de obra.

Esta contradicc­ión no es novedosa pero no por ello menos angustiant­e: la de dar un alivio en el corto plazo, al menos, para contener el drenaje de puestos de trabajo (en leve baja desde hace un lustro, al menos) contra la señal inequívoca de alentar a crear más fuentes laborales en el mediano plazo.

Luego de tres décadas de fracaso en las políticas de contención de la pobreza, si algo quedó claro, fue que la baja calidad del empleo es la causal que más gravita en la pluralidad de variables que sumerge hoy al 40% de los argentinos. La reversión de este flagelo debería trascender su arsenal creativo a la doble indemnizac­ión.

Sin un horizonte de crecimient­o, un marco jurídico previsible y una estructura tributaria que no cargue con más impuestos al trabajo, la creación de más empleo y sobre todo en el segmento de las pymes será una utopía en lugar de una política de Estado.

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